Monterrey, NL.

Jaime Rodríguez Calderón, candidato de la esperanza ciudadana que venció a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) para convertirse en el primer gobernador sin partido en México, cumple este 4 de octubre su primer año de gestión marcado por el incumplimiento de promesas de campaña y con la exigencia social de reforzar la seguridad pública, combatir la corrupción y reducir la deuda, tres de los estandartes que lo llevaron al Palacio de Cantera, sede del Ejecutivo estatal.

Según líderes políticos, académicos y activistas sociales, se diluyó la euforia generada por las promesas de acabar con “la fiesta de los bandidos, los moches y transas y los programas inútiles” (en alusión al acueducto Monterrey VI), y emprender cambios profundos para dejar atrás prácticas como las del ex gobernador priísta Rodrigo Medina y de la ex alcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes.

En seguridad –tema candente tras la violenta pugna entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, entre 2010 y 2012– vemos un rotundo incumplimiento y exigimos al gobierno estatal reforzar las tareas, porque se le está yendo el estado de las manos, dijo Ricardo Anaya, líder nacional del PAN.

Los escándalos protagonizados por agentes de la Fuerza Civil, la policía estatal (antes ejemplo para el país) desataron críticas contra El Bronco: hay policías estatales implicados en homicidios, violaciones, secuestros y asaltos, y el reclutamiento de 7 mil efectivos para la corporación va a la mitad.

Aunque Rodríguez Calderón prometió poner orden y anunció un gobierno austero, sin gastos superfluos, no está cumpliendo y está protegiendo a quienes han protagonizado actos de corrupción, sostuvo Anaya, en alusión a Medina y a los escándalos por compras irregulares en el gobierno actual.

Jaime Rodríguez no ganó la gubernatura; más bien la perdieron el PRI y PAN por no haber estado a la altura de las exigencias de la sociedad, consideró Marco Antonio González, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local.

En los casos de Medina y Arellanes, acusados de malversar dinero público y repudiados hasta por militantes de su propio partido, no se vislumbra el tan prometido castigo, especialmente contra el priísta, buque insignia de la lucha de El Bronco en contra de la corrupción.

El ex gobernador ya libró dos de las acusaciones más graves (peculado y delito patrimonial) y sólo fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, y sus abogados buscan dejar esta acusación sin efecto.

La Operación Tornado, por la cual se acusó a Medina y a 30 funcionarios y ex funcionarios de entregar apoyos ilegales por 3 mil 600 millones de pesos a la automotriz coreana KIA podría quedar en mero espectáculo mediático.

Mano suave ante corruptelas

Sin solucionar ese problema, a El Bronco le estalló otro en las manos: una sobrecompra por 11.8 millones de pesos de 200 mil cobertores que pagó a tres veces su valor real. Al responsable, el subsecretario de administración, Rogelio Benavides, sólo se le aplicó una multa de 7 mil pesos. Tras 15 días de reclamos ciudadanos, el gobierno le impuso una sanción por 274 mil pesos.

La crisis de confianza llegó al clímax el pasado 26 de septiembre, cuando seis de los siete integrantes del Consejo Ciudadano de la Contraloría renunciaron para mostrar su desacuerdo con la aplicación de castigos leves.

Sobre la renegociación de la deuda de más de 65 mil 600 millones de pesos, el tesorero Carlos Garza admitió ante el Congreso: El camino aún es largo.

Otro caso polémico fue el acueducto Monterrey VI, con el cual se pretendía llevar agua del río Pánuco, en Veracruz, a Nuevo León. El gobierno estatal canceló la obra después de que opositores presentaron denuncias ante el Congreso local e instancias ambientalistas internacionales.

En cuanto a la eliminación del impuesto a la tenencia de autos, otra bandera de campaña, Rodríguez Calderón reculó recientemente: Sí, lo dije en campaña, pero al ver el desmadre que tenemos hoy en el gobierno, me desdigo, punto. No tener ese recurso implica que dejemos de dar un servicio. El impuesto se reducirá gradualmente en los próximos tres años y no de un plumazo, como prometió.