En el país hay alrededor de 28 mil personas desaparecidas, aseguraron la organizaciones Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Comité Cerezo, que además indicaron que en la década reciente hay 160 defensores de derechos humanos víctimas de desaparición forzada.

El Estado mexicano tiene una deuda histórica con la sociedad, ya que desde hace 17 años no ha podido sacar adelante una ley en la materia. Desde ese entonces algunos colectivos demandaron al Estado una ley de desaparición forzada. En septiembre del año pasado presentamos una iniciativa en el Senado, que sigue sin aprobarse, afirmó Héctor Cerezo.

Este flagelo, dijo, no comenzó en el sexenio de Felipe Calderón. “Nosotros consideramos tres grandes etapas: desde el periodo de la llamada guerra sucia, en las décadas de los 60 y 70; en los 90, con el movimiento zapatista, y el que se vive en la actualidad”.

Durante la mesa de diálogo La desaparición forzada: alternativas y propuestas desde la sociedad civil, que organizó la Universidad Iberoamericana (Uia), Alister Guerrero, de Serapaz, recordó que el mes pasado dio inicio el nuevo periodo legislativo, el cual tiene en la agenda una ley en la materia.

Evaden el tema

Sin embargo, dijo, “el gobierno y Senado evaden el tema de la desaparición forzada. Hoy día no tenemos una ley que trate sobre este delito. No existe una figura jurídica que proteja o acompañe el dolor de las familias. Este fenómeno afecta muy fuerte a la víctima, a toda la familia y a un amplio circulo cercano de la comunidad.

Familias, organizaciones civiles y la ciudadanía deben exigir que esta problemática de la desaparición de personas se coloque en la discusión política y deje de ser ignorada por las autoridades involucradas, agregó.

En ese sentido, Yadira González, hermana de una de las víctimas y representante del Movimiento por nuestros Desaparecidos en México, coincidió en que la iniciativa de ley no toma en cuenta los daños colaterales, es decir, aquellos familiares que se ven afectados por la ausencia de su ser querido.

Añadió que es necesaria la capacitación del Ministerio Público, de agentes de investigación e incluso de estudiantes de sicología en las universidades, pues las casas de estudios no están formando especialistas en el trato a víctimas de desaparición.

Gilberto Santa Rita, académico del departamento de Derecho de Uia, destacó que México vive una etapa muy importante, pero muy oscura, en la que las personas se defienden a través de audiencias, y que el caso Ayotzinapa ha caído en un agujero negro, debido a la opacidad en torno a los jueces.