La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la reforma al artículo cuarto de la Constitución de Veracruz, sobre la protección del producto desde la concepción hasta su muerte natural, en contraposición con los derechos de la mujer a su libre desarrollo y el de decidir el número de hijos que quiere tener.

Fuentes judiciales explicaron que el asunto adquiere particular trascendencia porque será la primera vez que cinco de seis ministros que integran el pleno se pronuncien sobre el tema, porque se trata de una norma constitucional inhibitoria de otros derechos y, por estar plasmada en la Carta Magna local, da lugar a que en la legislación secundaria se aprueben cuestiones que afectan desde el derecho y condiciones de aborto hasta temas como la legalidad del uso pastillas anticonceptivas, pastilla del día siguiente, etcétera.

Es decir, que de validar la Corte dicho artículo, se abre la puerta para que en leyes secundarias, el Congreso de Veracruz apruebe reformas que irían desde la prohibición absoluta y criminalización del aborto, hasta la aprobación de políticas públicas que no contemplen el fomento de anticonceptivos o preservativos.

En anteriores integraciones, el pleno se quedó a un voto para invalidar el derecho a la vida desde la concepción.

Entre otros temas polémicos que analizarán los ministros está el argumento de la CNDH en el sentido de limitar a los estados sus facultades para legislar en materia de derechos humanos, así como definir qué es la muerte natural y qué implica esto para cuestiones como la eutanasia y la muerte asistida.

La postura del actual presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, contrasta con la de José Luis Soberanes, quien siendo el titular de la comisión en 2007 presentó, con la Procuraduría General de la República, una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México.

La acción de inconstitucionalidad, que ya fue admitida por el ministro Javier Laynez Potisek, señala que el criterio que adopte el máximo tribunal será fundamental, en razón de que actualmente 19 entidades cuentan con leyes que protegen la vida desde la concepción, mientras las legislaciones de 13 estados no incluyen ese término.

La última vez que los ministros definieron posturas al respecto fue en 2009, cuando analizaron una acción de inconstitucionalidad en la que siete togados de la Suprema Corte votaron por invalidar la norma establecida en la legislación de Baja California.

De los seis ministros que se pronunciaron en aquélla ocasión, Jorge Pardo Rebolledo y Margarita Luna Ramos votaron por la constitucionalidad de la norma; en tanto que José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Fernando Franco y Luis María Aguilar se pronunciaron por su invalidez.

Esta vez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez definirán la votación.