Los megaproyectos eólicos son la punta de lanza de la zona económica especial anunciada por el gobierno federal para el Istmo de Tehuantepec, con la finalidad de concretar el despojo de tierras y bienes de Oaxaca, denunciaron diversas organizaciones y movimientos de resistencia campesinas e indígenas de la entidad.

Las 25 centrales de energía eólica que operan en ese estado ocupan ya casi cien mil hectáreas sólo en la región istmeña, superficie que podría duplicarse en los próximos años con el anuncio que el pasado miércoles hizo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, de las empresas ganadoras de la segunda subasta eléctrica, autorizadas para construir 36 nuevas centrales generadoras de energía eólica, solar y geotérmica a escala nacional.

Bettina Cruz Velázquez, de la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, afirmó que tan sólo en los años recientes de esta resistencia popular, más de 60 líderes comunitarios y defensores de derechos humanos han sido encarcelados, y algunos todavía enfrentan procesos judiciales, en un intento por desactivar la movilización en contra de esos megaproyectos, los cuales tienen como únicos beneficiarios a las empresas privadas.

Señaló que en esta práctica gubernamental de cesión del territorio para beneficios de empresas privadas, no les importan los impactos destructivos de los pueblos y su cultura. Incluso, dijo que esta situación ya es reconocida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su Informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, el cual concluye que las comunidades indígenas del Istmo enfrentan el riesgo de pérdida de identidad y costumbres. Este informe atribuye directamente este grave impacto social al intenso y rápido desarrollo eólico en la región.

La situación se repite en Yucatán

En conferencia colectiva, en la que participaron también organizaciones de Yucatán, Pedro Uc Be, de Articulación Social sobre Energía Renovables en esa entidad, afirmó que esa situación se repite con los pueblos mayas, pues las decisiones se toman únicamente en pro de los beneficios económicos, a costa de destruir la riqueza cultural, social y ambiental de la región.

Uc Be señaló que en su comunidad, Ticul, ubicada en el sur del estado, se levanta un proyecto que supone la destrucción de al menos 640 hectáreas de selva, lo cual resulta contradictorio con los fines de la energía limpia, y totalmente innecesario, porque los paneles solares se podrían instalar en zonas ya degradadas.