La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf) solicitó una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, por los delitos de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.

El caso, según información obtenida de fuentes del Poder Judicial, se inició en abril de 2015, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) pidió información a autoridades de Estados Unidos y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, relacionada con transferencias por 3 millones 312 mil 175 dólares que hizo la empresa Procesos Automatizados de Manufactura a cuentas del mandatario estatal y algunos de sus familiares.

Los funcionarios judiciales refirieron que será el próximo lunes o martes cuando se determine si se libra la orden de captura o se regresa el expediente a la Procuraduría General de la República (PGR) para su perfeccionamiento.

La consignación se realizó luego de que Guillermo Padrés y sus colaboradores han sido investigados por la PGR por diversos delitos. En ese contexto, en octubre de 2014 integrantes de la organización civil Sonora Transparente presentaron ante la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la PGR una denuncia contra el ex mandatario de origen panista por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

En la querella se dijo que Padrés Elías acumuló una fortuna en inmuebles, valuados en 100 millones de pesos, en cuatro años de su mandato.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó más de 300 observaciones por desvíos de recursos federales durante la gestión de Guillermo Padrés, entre ellas una en la que se menciona que en 2014 se afectaron 41 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y observaciones por más de 4 mil millones que debían ser destinados al Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

En 2014, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició un procedimiento administrativo en contra del entonces gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por la construcción de una presa en su rancho Pozo Nuevo, ubicado en el municipio de Arizpe.

En aquel momento, David Korenfeld, aún director de la Conagua, señaló que Padrés Elías había violado la Ley de Aguas Nacionales con esa obra, ya que sin los permisos correspondientes captaba agua para su propiedad en afectación de localidades aledañas.

En febrero de 2015, tras cuatro meses de investigación, la Conagua ordenó al panista destruir la presa y lo multó con 4 millones de pesos, ya que además de esta obra en el citado rancho había un acueducto, dos pilas y dos pozos de los cuales se extraía agua sin contar con la respectiva concesión. Las versiones de habitantes de la región indicaban que las obras se hicieron entre 2010 y 2012 sobre el arroyo El Manzanal.

El ex mandatario estatal también fue investigado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el cambio de uso de suelo para la realización de esas obras, y le impuso una multa de millón y medio de pesos, ya que no contaba con la manifestación de impacto ambiental, requisito necesario para realizar esa construcción.

Respecto de la petición de orden de aprehensión, la PGR no confirmó la solicitud, pues dijo que ‘‘el libramiento de una orden de captura forma parte del sigilo de toda investigación. En este caso, como en cualquier otro, la institución federal está obligada a guardar dicho sigilo’’.