sólo una hora de que el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, diera a conocer que en junio de este año 32.2 por ciento de los argentinos se encontraban en la pobreza y 6.3 por ciento en situación de indigencia, el mandatario Mauricio Macri se deslindó de toda responsabilidad por dichas cifras y afirmó que su gestión debe ser evaluada por lo que haga a partir de ahora, cuando su gobierno está a punto de cumplir nueve meses. De acuerdo con el presidente derechista y con el propio encargado de llevar las estadísticas oficiales, los niveles actuales de miseria les fueron heredados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que terminó el pasado 10 de diciembre. Por su parte, el Instituto Gino Germani dio a conocer un trabajo en el cual da cuenta de que durante los primeros cinco meses de la administración macrista cayeron en pobreza un millón 700 mil personas, medición consistente con un informe del Observatorio Social de la Deuda de la Universidad Católica Argentina, que sitúa en un millón 500 mil el incremento de personas en dicha condición.
Para poner en contexto la discrepancia entre la percepción del mandatario y los estudios realizados por entidades independientes, cabe recordar que desde su primer día al frente de Argentina el ex alcalde de Buenos Aires puso en práctica una política de ajuste económico que incluyó el despido de más de 30 mil empleados del sector público, aumentos hasta de 500 por ciento en las tarifas del transporte, la electricidad, agua, gas, Metro y gasolina, además de la devaluación planeada de la moneda, medidas que en conjunto han llevado a una tasa de inflación de 43 por ciento, la pérdida de más de 150 mil empleos sólo de diciembre a mayo y un desplome de la economía nacional de 5.9 por ciento entre julio de 2015 y el mismo mes de este año.
Al ponderar el impacto combinado de tal conjunto de medidas parece claro que no es necesario remontarse a la pasada administración para explicar las alarmantes cifras de pobreza recogidas por el Indec en el segundo trimestre de este año.
Debería resultar de elemental sentido común que la implementación de medidas regresivas que fomentan la concentración de la riqueza mediante prácticas depredadoras –como un incremento de 300 por ciento en el costo del agua y el gas, sin ninguna relación con los niveles salariales– y eliminan cualquier protección oficial hacia la mayoría de la población no puede sino agravar las carencias de los sectores más desfavorecidos, amén de empujar por debajo de la línea de los mínimos a segmentos sociales que hasta ahora podían contarse entre las filas de la clase media.
Lejos de esperar a que las fórmulas de la ortodoxia neoliberal surtan efecto en un futuro indefinido, es urgente poner fin a la embestida antipopular en curso y tomar medidas inmediatas para detener una crisis que amenaza con recrear en Argentina el escenario de miseria generalizada y violenta ingobernabilidad que marcó el inicio de siglo en la nación sudamericana.
