Buenos Aires.

El presidente argentino, el derechista Mauricio Macri propuso que se juzgara su gestión a partir de este miércoles para no asumir su responsabilidad en el aumento de la pobreza desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre del año pasado, después que estadísticas oficiales arrojaron una cifra de 32.2 por ciento de pobres y 6.3 por ciento de indigentes.

Esto significa que casi nueve millones de personas están en la pobreza y un millón 705 mil son indigentes, aunque falta auditar los últimos tres meses, cuando se produjeron miles de despidos y la inflación siguió disparándose, lo que determinó una conflictividad social, similar a lo sucedido antes de la crisis de 2001, la más grave en la historia nacional.

Se evitó en el informe del  Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hacer referencia a lo sucedido en los más de nueve meses del gobierno de Macri. El prestigioso Instituto Gino Germani dio a conocer un trabajo que señala que en sólo en cinco meses de este gobierno se sumaron a la pobreza un millón 700 mil personas (de 22 por ciento a 35 por ciento) con 120 mil nuevos indigentes. A su vez, el observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) en una encuesta referida a los primeros meses del gobierno de Cambiemos las cifras se ubicaron en alrededor de un millón 500 mil nuevos pobres.

En todos los casos no se contabiliza lo sucedido desde el brutal tarifazo impuesto sobre servicios públicos básicos, agua, luz, gas, que fue denunciado ante la justicia, y además la disparada de la inflación que de acuerdo a la investigación de la Confederación General del Trabajo(CGT) estará en torno a 50 por ciento este año para los trabajadores de menores ingresos.

Macri también aclaró en conferencia de prensa que la pobreza cero, que prometió durante su campaña no se podrá alcanzar en cuatro años de gobierno aunque dijo que habrá un futuro maravilloso porque espera grandes inversiones.

Las críticas invadieron las redes sociales denunciando la responsabilidad del gobierno actual por la severa la crisis económica y social que provocaron medidas como la devaluación, la quita de retenciones a los alimentos, el tarifazo, los despidos en el sector público y la apertura de la importación. Los nuevos datos oficiales registran que en el país hay dos millones 22 mil hogares pobres de los cuales 425 mil están por debajo del mínimo de consumo de alimentos que permiten evitar la indigencia.

El docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario, Sergio Arelovich, remarcó que “buena parte de los derechos universales y beneficios de los programas de inclusión que el año pasado alcanzaban a más de 8.5 millones de personas han sido esterilizados por la inflación, el desempleo, la reducción de las horas trabajadas, la finalización de las changas (trabajo mal pago y temporal), los tarifazos y encarecimiento del transporte público”, refirió el diario Página 12.

Los elevados niveles de pobreza reflejan los efectos de la estrategia económica del gobierno que ha provocado una transferencia muy regresiva de los ingresos, señalan los análisis. También el Indec difundió que la actividad económica retrocedió 5,9 por ciento interanual en julio, la peor caída en casi 14 años, a lo que se añade la explosiva caída de la industria, que lo que ha provocado otra ola de despidos.

Denuncian aumento de la represión

En este marco, el premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel adviertió que la pobreza avanza cada día, y se violentan los derechos de la población. Declaró que la “injusticia, el desempleo. la pobreza cada vez más extenduida, llevan a la protesta permanente y nada de esto cierra sin represión.

Pérez Esquivel envió un mensaje a la gobernadora de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, en el que denunció lo sucedido el pasado sábado, cuando bandas armadas atacaron a la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo.Resulta indignante advertir la impunidad que tienen las bandas armadas que persiguen y atacan al pueblo campesino e indígena cada vez con más violencia en esa provincia, indicó refiriéndose al grupo enviado por la empresa Manaos del empresario Orlando Canido, que persiguieron a las familias de la comunidad, prendiendo fuego a las viviendas dejando comunero herido y otros daños y obligando a éstas a refugiarse en el monte con sus hijos.

En esta capital dos jóvenes que trabajan en la revista La Garganta Poderosa, que publica un grupo de habitantes de la villa miseria 21-24 (ciudad perdida) y ha sido reconocida por su calidad e imaginación, fueron secuestrados por la Prefectura Naval, llevados a un lugar descampado, torturados y robados.

Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años, y su amigo Iván Navarro, fueron detenidos en un retén de la Prefectura en la Villa 21-24, a la que supuestamente deben cuidar, los introdujeron a un vehículo, con las cabezas tapadas y obligados a sentarse uno arriba del otro. Ya en el descampado los golpearon y torturaron salvajemente, robándole sus ropas y dejándolos prácticamente desnudos. Los jóvenes presentaron su denuncia en la Procuraduría Contra la Violencia Institucional y una fiscalía. Como, reconocieron a uno de sus torturadores, hay miedo en la familia, y entre los vecinos.

Otra denuncia está relacionada con el hecho de que se ha implementado en la provincia de Buenos Aires, la presencia de policías de civil, armados que patrullan varios lugares, lo que hace recordar a los tiempos dictatoriales y preocupa a los organismos de derechos humanos.

También esta tarde se conoció aquí que un grupo de carabineros de Chile llegaron a Rosario, Santa Fe, para compartir experiencias y entrenar a la policía local, con autorización de la Secretaría de Seguridad de esa provincia. Los herederos del dictador Augusto Pinochet, represores de los estudiantes y de los indígenas mapuches, sólo pueden enseñar terror, señala un comunicado de estudiantes de esa provincia.