La Ciudad de México concentró en el año pasado 6 mil 601 manifestaciones: 3 mil 651 por exigencias de competencia federal y 2 mil 950 del ámbito local –con una participación de 3 millones 200 mil personas–, en las que se aplicaron los protocolos de actuación policial para control de multitudes, se respetaron los derechos humanos y se ponderó la mediación y el diálogo, lo que permitió un saldo blanco y sólo dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, informó el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada.

Al comparecer ante el pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) con motivo de la glosa del cuarto Informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera, el jefe de la policía capitalina pidió a los diputados defender la asignación de fondos federales que corresponden a la ciudad, al advertir de una disminución de 900 millones a la dependencia, lo que limitará adquirir equipamiento para agentes y otras acciones en materia de seguridad.

Pidió además a la ALDF promover una iniciativa ante la Cámara de Diputados para incrementar la pena por portación y uso de arma de fuego. Refirió que la dependencia efectuó más de 656 remisiones de personas en posesión de un artefacto que obtuvieron su libertad en unas cuantas horas con el pago de una multa cercana a 3 mil pesos, situación que incrementa los riesgos de violencia en la sociedad.

En su comparecencia, Almeida Estrada defendió una vez más el Reglamento de Tránsito y los dispositivos de fotomultas ante los reclamos de los legisladores, al destacar entre sus resultados la reducción de decesos en hechos de tránsito en 18 por ciento y los accidentes en 6.4 por ciento.

Agregó que esto significó evitar 77 muertes y 146 accidentes. El informe que entregó a los legisladores refiere que en el periodo se reportaron 7 mil 822 colisiones entre vehículos, 282 volcaduras y mil 335 derrapes de motociclistas, en tanto que 3 mil 8 personas fueron atropelladas y 349 personas cayeron de unidades del transporte público en circulación, hechos que dejaron un saldo de 15 mil 219 lesionados y 178 decesos.

El documento entregado a los diputados refiere que las infracciones aplicadas mediante el sistema de fotomultas y radares de velocidad permite ademas inhibir la corrupción y “son contundentes.