La acentuada desigualdad social en América Latina ubica a la región como una de las que tiene mayores desequilibrios económicos y sociales, de los cuales México no está exento.

Sin embargo, en el caso mexicano, superar esta condición pasa necesariamente por la revisión de la estructura tributaria y del destino de los recursos, sostuvo el gerente de la Práctica Global de Gobernabilidad para América Latina, del Banco Mundial, Arturo Herrera.

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández, sostuvo que con mayor frecuencia la Secretaría de Hacienda toma más en cuenta las evaluaciones externas para definir los presupuestos de combate a la pobreza, y sería muy limitado considerar que el gobierno sólo utilice recursos y emprenda acciones para abatir la pobreza, como ahora se hace, pues el desarrollo social va más allá de la medición de la pobreza, debido a que sólo se mide el acceso, no la calidad.

Durante la mesa de debates sobre Información para combatir la pobreza, celebrada en el contexto de la Semana Nacional de Transparencia, Hernández consideró que, a pesar del uso de datos técnicos de la pobreza, sería un poquito ingenuo pensar que el presupuesto sólo se elaborará a partir de elementos técnicos. Hay elementos de grilla innegables y el reto es cómo incorporar a las decisiones políticas presupuestarias cada vez más elementos técnicos, y está sucediendo.

El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Alfonso Santaella, insistió en la necesidad de revisar las inconsistencias en la medición de los niveles de ingreso, pues los ejercicios más recientes confirmaron un subreporte en las encuestas, derivado de que en todos los niveles se informa un nivel de ingreso menor al que realmente se obtiene. Hace falta un amplio debate para buscar fuentes complementarias de información para mejorar lo que proviene de las encuestas nacionales de ingreso en los hogares.

El subsecretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez, reconoció que la pobreza lacera a la sociedad y destacó que los indicadores que existen para medirla han sido utilizados para el diseño de las reglas de operación y para focalizar la atención a los diversos sectores, de acuerdo con su nivel de pobreza y vulnerabilidad.

En la mesa Información para combatir el hambre, Margarita Flores, del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, señaló que no existe política alimentaria en el país, ya que se vive el problema del hambre combinado con el de obesidad. Recordó que México ocupa el segundo lugar entre los países con más población con obesidad y al mismo tiempo hay problemas de desnutrición infantil.

Destacó que la vivencia de padecer hambre, que mide el Inegi, se asocia a la falta de recursos, pero no es un tema que esté articulado al de la nutrición. Esto último se efectúa mediante la Encuesta Nacional de Salud, la cual no es obligatorio realizar, como si ocurre con la medición de la carencia alimentaria, uno de los indicadores de la medición de la pobreza que se reporta cada dos años.

Ricardo Aparicio, del Coneval, sostuvo que hay bases legales para una política pública de Estado en la materia, lo cuál no quiere decir que exista el andamiaje institucional. Señaló que el acceso a la alimentación es uno de los elementos de la seguridad alimentaria, pero no el único, ya que la nutrición también debe considerarse.