A tres años de que un juzgado determinó la suspensión de la entrega de permisos para el cultivo de maíz transgénico en México, el juicio de la demanda no avanza y el juzgado 12 federal en materia civil no ha admitido las pruebas, señaló René Sánchez Galindo, abogado de la colectividad de organizaciones y ciudadanos que presentaron la acción en contra de ese producto.

Luego de decenas de amparos que presentaron por un lado el gobierno federal, por conducto de las secretarías de Medio Ambiente y de Agricultura, y por otro las empresas de biotecnología, comenzó el juicio de la demanda en mayo pasado, con la determinación judicial de mantener la suspensión del cultivo del transgénico, como medida precautoria.

La medida se decidió en septiembre de 2013, al considerar riesgo de daño inminente medioambiental con el cultivo, por lo que el juzgado impidió a las compañías Monsanto y Pioneer –que entre otras habían presentado solicitud de permisos de siembra– liberar maíces transgénicos en el campo, en tanto se resolviera el juicio de acción colectiva.

Esta determinación fue ratificada el presente año, al comenzar la demanda, después de haberse resuelto las impugnaciones y amparos, explicó el abogado.

Durante este periodo sumaron 102 las impugnaciones del gobierno federal y las empresas, entre ellas 26 juicios de amparo, 16 recursos de revisión, 15 quejas, siete revocaciones y siete impugnaciones contra la admisión de la demanda, de acuerdo con la organización Semillas de Vida, una de las demandantes.

En la actualidad, el proceso se encuentra en la fase de la presentación de pruebas. La colectividad del maíz ha presentado cuatro periciales, de las cuales sólo ha obtenido acuse de recibo, pero el juzgado no ha decidido si las admitirá, explicó en entrevista Sánchez Galindo.

El defensor señaló que el pasado 17 de septiembre se cumplieron tres años de que un juez determinó la suspensión en la entrega de los permisos de cultivo por parte del gobierno federal.

También explicó que la demanda de acción colectiva consta de cuatro fases; la primera es la ratificación del juez, seguida de los ofrecimientos de prueba, pero el juzgado no ha determinado si acepta las periciales que la colectividad presentó, las cuales se basan en información que aportarán especialistas.

La parte demandada –el gobierno federal y las empresas– no presenta ninguna prueba científica, pese a que esgrime argumentos de este tipo para realizar el cultivo.

Dijo que llama la atención que desde que empezó la demanda no hay solicitudes para realizar cultivos experimentales de los centros de investigación, lo cual quiere decir, agregó, que la finalidad del cultivo es comercial.