La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI inició el proceso de expulsión del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, cuatro funcionarios del primer círculo de su administración y dos notarios públicos que registraron las empresas fantasma utilizadas para entregar contratos millonarios de obras y servicios no realizados.

Se trata del primer proceso de expulsión de un gobernador en funciones en la historia del Partido Revolucionario Institucional, y de manera precautoria, la comisión decretó la suspensión de derechos como militante del gobernador y los otros seis priístas, después de concluir que existen pruebas de situaciones graves y relevantes cometidas por ellos durante la administración estatal, y de la gravedad de las acusaciones, que derivaron en un daño a la imagen del PRI.

La comisión informó que comenzó a recabar pruebas contra el ex gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina; así como de los ex mandatarios de Chihuahua César Duarte Jáquez y Quintana Roo Roberto Borge Angulo.

Por lo pronto, el presidente de la comisión, Fernando Elías Calles, y el senador Arturo Zamora, miembro de esa instancia, indicaron que se integran los expedientes de cada uno, y la resolución de cada caso se votará cuando termine su revisión.

Zamora, secretario de Acción electoral del Comité Ejecutivo Nacional, informó que la comisión votó el acuerdo por unanimidad de sus siete integrantes, y a partir de que se han confirmado denuncias en contra de Duarte ante la Procuraduría General de la República, la fiscalía del estado, la investigación iniciada por el Servicio de Administración Tributaria, y las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación por el manejo irregular de los recursos en la entidad.

Elías Calles informó, en conferencia de prensa posterior a la sesión de la comisión, que se llevó a cabo una revisión y una ponderación minuciosa de los antecedentes, las condiciones jurídicas y los elementos con que se cuenta, para dar trámite a las denuncias interpuestas, por separado por los consejeros César Román Mora Velázquez y Armando Barajas.

A partir de que Duarte, sus colaboradores y los notarios sean informados del fallo de la comisión, tienen derecho a presentar una impugnación o incluso recurrir la suspensión ante el Instituto Nacional Electoral, dijo Zamora.

El legislador explicó que desde ayer se suspenden los derechos definidos en el artículo 58 de los estatutos del PRI, entre los cuales está obtener un cargo de elección popular o de dirigencia priísta, contar con la información pública sobre los asuntos del partido, la protección de sus derechos personales, participar en las asambleas, votar en elección de dirigentes o impugnar los acuerdos del instituto político.

Los otros priístas sancionados son tres colaboradores de Duarte, que debieron renunciar cuando se conocieron sus propiedades en zonas residenciales de Texas:

El ex secretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, a quien se le atribuye el desvío de recursos públicos desde que fue subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y señalado de enriquecimiento inexplicable.

José Antonio Chara Manzuar Beltrán, ex secretario de Finanzas y ex delegado de la Secretaría de Economía en el estado, quien posee 16 propiedades en Texas. El ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, acusado de la persecución y represión contra movimientos sociales, y que renunció para permitir que se aclare el origen de su riqueza. Asimismo, los notarios Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez, quienes registraron las empresas fantasma beneficiadas por el gobierno de Duarte. Y Juan Carlos Rodríguez García, ex director jurídico de las secretarías estatales de Desarrollo Social y Salud.