Desde hace décadas y de manera inercial, en leyes y reglamentos de los estados prevalecen privilegios que se conceden a productores o empresas locales por encima de las originarias de otras regiones del país, así como atribuciones regulatorias otorgadas a asociaciones y cámaras empresariales que representan obstáculos a la competencia económica en perjuicio de los consumidores, aseveró Alejandro Faya, jefe de la unidad de planeación, vinculación y asuntos internacionales de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

A su vez, Alejandra Palacios, presidenta de la Cofece, anunció en el foro realizado por Forbes que el organismo lanzará la próxima semana un concurso denominado El obstáculo más absurdo, para que emprendedores y pequeños empresarios del país que no pueden competir por la bola de regulaciones que se los impiden, identifiquen o señalen cuáles son, para que dicha autoridad actúe.

Hay un millón de barreras regulatorias que impiden la competencia y eso hay que combatirlo para que la economía crezca, dijo, y citó de ejemplo que hay municipios donde se impide vender tortillas a domicilio para no perjudicar a las tortillerías establecidas, o prohíben instalar un negocio de un mismo giro cerca de otro.

Durante año y medio, la Cofece analizó 400 leyes y reglamentos vigentes en el país e identificó obstáculos a la competencia en cinco rubros: sector agropecuario, transporte público, contrataciones públicas de obras y servicios, desarrollo urbano y en el ejercicio profesional.

Son limitaciones legales impuestas por los gobiernos locales que de origen impiden la libre competencia y, en consecuencia, afectan a los mexicanos, dijo Faya, a La Jornada. Todo ello quedó compilado en un documento que la Cofece dio a conocer este lunes, titulado Miscelánea de obstáculos regulatorios a la competencia: análisis de la normativa estatal.

Faya destacó que existen licitaciones públicas de obras y servicios donde se llega al absurdo de permitir a las empresas locales incrementar hasta 30 por ciento sus costos en lugar de considerar a todas las empresas en igualdad de circunstancias sin importar su origen.

Además, muchas licitaciones se limitan a ser estatales o locales en lugar de hacerlas nacionales y no existe la obligación de las autoridades de realizar un análisis previo de mercado, así como análisis técnicos, y los gobiernos estatales tienen altos márgenes de discrecionalidad, pocos criterios o referentes claros para tomar decisiones.

Refirió que en muchas ciudades se tiene una normativa en transporte de pasajeros que administra la demanda porque determina el número de concesionarios por ruta sin que se cuente con un método claro y técnico para otorgar las concesiones. Es una restricción que limita la capacidad de las empresas para competir y diferenciarse; no hay estudios de factibilidad y se da preferencia a los transportistas locales al repartir concesiones. En cuanto a las cámaras o asociaciones empresariales, Faya mencionó que algunas agrupaciones de ganaderos tienen delegadas funciones regulatorias sobre el tránsito de bienes perecederos o animales vivos, lo que afecta a los consumidores.

El documento de la Cofece explica leyes estatales que impiden la entrada de más competidores a los mercados analizados o bien se imponen requisitos que otorgan ventajas que favorecen a unos agentes en detrimento de otros.