Xalapa, Ver.

Un juez federal ordenó detener el proceso de basificación de 7 mil 800 trabajadores del estado, que impulsó el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, mediante una reforma a la Ley 364 estatal del Servicio Civil.

Juan José Contreras Madero, titular del juzgado decimocuarto de distrito, con sede en Coatzacoalcos, resolvió otorgar un amparo contra las leyes, reglamentos o disposiciones del decreto 896 que reforma la ley 364 estatal del Servicio Civil, aprobado en julio por la mayoría priísta del Congreso del estado.

El amparo –radicado en el expediente 947/2016– fue presentado por el Foro Liberal de Abogados el 25 de agosto pasado e ingresado un día después. Los promotores destacaron que con los cambios previstos, se violan los artículos 14 y 16, así como siete artículos de la Ley 364 del Servicio Civil de Veracruz.

Después de su estudio, el miércoles pasado el juez otorgó la suspensión provisional en términos amplios de la ley, y para el jueves fue publicado el acuerdo en la página del Consejo de la Judicatura Federal. En la información publicada se prevé que la audiencia constitucional para dar seguimiento a dicho caso será el 20 de octubre a las 9:15 horas.

El 14 de julio anterior, la mayoría priísta, que preside Juan Nicolás Callejas Arroyo, en el Congreso local, aprobó las reformas a las leyes estatal del Servicio Civil y la del Servicio Público de Carrera en la administración pública centralizada.

En la justificación de las reformas a ambas leyes, se argumentó que serán basificados 7 mil 800 burócratas y se expuso que se decidió hacerlo porque liquidarlos costaría mil 21 millones de pesos.

Joaquín Guzmán, coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional, consideró inoportuna la aprobación del dictamen, debido a que Veracruz se encuentra en una situación financiera en la que el gobierno actual no cubre oportunamente el pago de salarios a maestros, proveedores y pensionados.

Por su parte, la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz denunció que el gobierno de Veracruz tiene adeudos por 700 millones de pesos con los agremiados de la región de Xalapa.

Su presidente, Rafael Núñez Landa, aseguró que a esta cifra habría que sumar las deudas que aún no son reconocidas por la Secretaría de Finanzas y Planeación, debido a que no han sido entregadas por las unidades administrativas de cada dependencia donde se realizan obras.

Ante el término de la administración de Duarte de Ochoa –el próximo 30 de noviembre a las 24 horas–, indicó que sólo queda hacer gestiones para que las deudas queden requisitadas para que la próxima administración cubra los adeudos.