Acusan al gigante minorista de haber pagado en México millones de dólares en sobornos
La empresa sabía de las ilegalidades desde 2005, siete años antes de que las publicara el NYT
Viernes 23 de septiembre de 2016, p. 23
Nueva York.
Una juez federal estadunidense aceptó una demanda colectiva de inversionistas de Walmart contra el gigante minorista, por acusaciones de encubrir un esquema de sobornos en México para beneficiar sus operaciones en ese país.
Entre las acusaciones está que la unidad de Walmart en México pagó millones de dólares en sobornos para acelerar la obtención de permisos de construcción y conseguir otras ventajas.
En un fallo de esta semana, la juez Susan Hickey, de Fayetteville, Arkansas, rechazó el argumento de Walmart de que el sistema de retiro de empleados de la ciudad de Pontiac no podía encabezar una demanda colectiva porque no sufrió pérdidas financieras relacionadas.
La posición de Walmart se basó en un método específico de contabilidad. Pero Susan Hickey falló que el fondo de pensiones mostró pérdidas usando otro método de contabilidad y que Walmart no explicó adecuadamente por qué su método es preferible.
La eficiencia judicial y el mejor interés de los miembros de la clase favorece la certificación
, escribió Hickey.
Randy Hargrove, portavoz de Walmart, sostuvo que la compañía pondera sus opciones, incluso una apelación. Seguimos creyendo que los reclamos no son apropiados para una demanda colectiva
, indicó.
Los inversionistas dijeron que la empresa sabía de los sobornos desde 2005, siete años antes de que The New York Times reportara las acusaciones. El periódico dijo entonces que importantes ejecutivos encubrieron conclusiones de una investigación interna y no alertaron a las autoridades estadunidenses ni mexicanas, sino hasta que el diario dijo que investigaba el asunto.
En julio, una corte federal de apelaciones rechazó una demanda de inversionistas contra directores de Walmart, donde se decía que permitieron y ocultaron sobornos en la división mexicana de la compañía.
El juez principal en la apelación, William Riley escribió que los inversionistas, incluyendo el fondo de retiro de empleados policiales municipales de Luisiana, no dieron una referencia razonable
de que la junta directiva sabía de los sobornos cuando eran encubiertos y la pesquisa interna había concluido.