El proyecto presupuestal para el año entrante disminuye los recursos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, así como la focalización en grupos vulnerables, como los jóvenes.

En principio, bajan los recursos propuestos para el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), de 809 a 613 millones de pesos (recorte de 24.2 por ciento) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). En este último caso pasaría de 204.3 a 143.8 millones de pesos, es decir, una reducción de 60.5 millones, equivalente a una merma de 30 por ciento.

En cuanto al plan antidelito, en los hechos desaparece o es anulado en cuanto a la planeación y control de acciones de prevención. Aun cuando fue presentado como el eje de la estrategia gubernamental para atender las zonas más violentas del país, la propuesta elaborada por la Secretaría de Hacienda, actualmente en análisis en la Cámara de Diputados, marca una drástica reducción, al pasar de 2 mil 15 millones a escasos 200 millones de pesos que servirán exclusivamente para el pago de la nómina de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, creada en este sexenio.

Inmujeres es una entidad no sectorizada, mientras que la Conavim y el plan antidelito dependen de Gobernación. Sin embargo, ven reducido su margen de operación.

Lo anterior, a pesar de que se multiplican los casos de violencia, tanto en materia de incidencia delictiva como de feminicidios.

La información actualizada, en cuanto a la situación de agresiones a mujeres es la siguiente: en 15 entidades del país hay solicitudes de alerta de género; el sistema nacional que atiende las peticiones en la materia determinó no declarar esta medida en dos estados (Guanajuato y Baja California), pese a las advertencias de organismos civiles. Tres entidades tienen alerta: estado de México (emitida el 31 de julio de 2015 para 11 municipios); Morelos (10 de agosto de 2015 para ocho municipios), y Michoacán, la más reciente, el 27 de junio de 2016, en 14 municipios.

Los procedimientos en trámite se ubican en Chiapas, Colima, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y dos en Veracruz.

De aprobarse el proyecto presupuestal en sus términos, se afectaría uno de los principales objetivos de Gobernación, delineado así en la propia dependencia: garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres.