La ausencia de normas para aplicar castigos a los empresarios que corrompen a funcionarios públicos dio origen en la Cámara de Diputados a una iniciativa de reforma a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, con objeto de prevenir y atacar los actos de corrupción que se manifiestan en las relaciones gobierno-proveedores y clientes.

La Comisión de Economía aprobó la propuesta de cambio a la citada legislación, elaborada por la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del PRI. El argumento de la legisladora señala que al ser aprobadas las reformas de combate a la corrupción en el sector público no se discutieron medidas para prevenir los actos de la misma índole de empresarios que corrompen a funcionarios.

A esto se suma la necesidad de que el sector privado participe en la tarea que el Estado mexicano se ha propuesto para detonar el desarrollo económico y social del país.

Las empresas pueden favorecer el desarrollo de ambientes de integridad y nula tolerancia a la corrupción, con reglas claras sobre conductas aceptables y no aceptables, y la definición de sanciones, con un enfoque de valores que promuevan el compromiso y la responsabilidad individual con una compañía.

La propuesta se ajusta a la determinación del Consejo Coordinador Empresarial que, junto con la Comisión Económica para América Latina y la Organización Internacional del Trabajo, emitieron en enero de 2015 el Código de Integridad y Ética Empresarial, que contiene 12 principios a ser observados por los afiliados con el propósito de combatir la corrupción y promover la cultura de la legalidad.

Esos postulados prevén la prohibición de pagar sobornos, procurar la transparencia y la integridad en las relaciones de negocios y las inversiones, vigilar el cumplimiento de medidas de control y evitar aportaciones a campañas políticas.

El dictamen final plantea que las cámaras deberán respetar sus estatutos y los que señalen otros ordenamientos legales, además de que ninguno de los posibles afiliados deberá estar en el Registro de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública.