La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la tortura que sufrieron dos hermanos en octubre de 2013 por elementos adscritos a la 12 Zona Militar de San Luis Potosí, y a la Procuraduría General de la República (PGR) por la inacción que mostró durante 20 meses para investigar las denuncias presentadas por ese delito.

En la recomendación número 37/2016, dirigida a los titulares de la Sedena, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la PGR, Arely Gómez González, la CNDH señala que con esos actos constitutivos de tortura fueron vulnerados los derechos de seguridad jurídica, procuración de justicia y la integridad física de las dos personas.

De acuerdo con las declaraciones de uno de los agraviados, la noche del 27 de octubre de 2013 varios militares brincaron la barda de su domicilio y sacaron a los dos hermanos al exterior, donde fueron golpeados, amenazados y torturados.

En la recomendación, de 59 cuartillas, se relata que dos días después de estos hechos uno de los militares que irrumpieron en la casa de los hermanos, al verlos nuevamente, los interceptó y amenazó a uno de ellos con volverlo a lastimar físicamente si no accedía a entregarle un vehículo y un terreno.

A pesar de que los afectados presentaron la denuncia correspondiente, los agentes del Ministerio Público Federal omitieron impulsar durante 20 meses la integración de una averiguación previa por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada, lesiones y tortura, con lo cual violaron el derecho de acceso a la procuración de justicia de los agraviados.

Tras concluir el análisis del expediente, la CNDH encontró evidencias que confirman que los militares transgredieron los derechos a la inviolabilidad del domicilio, la seguridad jurídica e integridad personal contra los agraviados, y constató que servidores públicos de la delegación de la PGR en San Luis Potosí, encargados de las investigaciones, no tuvieron justificación alguna para dejar de actuar durante 20 meses y de reconocer a los agraviados como víctimas.