Chilpancingo, Gro.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró que a unos días de que se cumplan dos años de la desaparición en Iguala de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el gobierno federal asume prácticas dilatorias para el ingreso del equipo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual llevará a cabo la segunda etapa de investigación para ubicar el paradero de los jóvenes.

Balance negativo

En entrevista, Rosales Sierra explicó que en el aspecto jurídico en la búsqueda de los estudiantes ‘‘el balance es negativo debido a que el año 2015 se implementó la ‘verdad histórica’ (de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula), sobre la que finalmente se demostró que no hay tal’’.

Consideró que esa situación retrasó los trabajos de investigación; de enero a septiembre de 2015 estuvieron paradas las investigaciones y la búsqueda ‘‘sin que hubiera ningún movimiento procesal y ministerial dentro de las indagatorias, hasta que se presentó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el 26 de septiembre de ese mismo año, que hizo trizas esta mentira de la PGR (Procuraduría General de la República), y es cuando se reinicia el movimiento, hasta febrero de 2016’’.

Señaló que a partir de esa fecha comenzó ‘‘una campaña de desprestigio en contra del GIEI, los padres de familia y Tlachinollan, a partir de que el aparato de inteligencia del gobierno federal intervino nuestros aparatos telefónicos, en lugar de intervenir los de las personas implicadas. Y se pierde la coyuntura para aprovechar la presencia de los expertos del grupo, que tuvieron que salir el 30 de abril del presente año’’.

Rosales Sierra aseguró que ‘‘existen nuevas líneas de investigación de gran trascendencia, como son Huitzuco y la telefonía celular; ambas nos indican que los estudiantes fueron llevados a otros lados y a otras direcciones, lo que obliga a la PGR a retomar estas indagatorias’’.

El abogado del Centro Tlachinollan afirmó que ‘‘existe un interés muy marcado de la procuraduría en no avanzar en esa dirección, como si tuviera miedo de descubrir cosas complicadas o la implicación de no sé quién. Hay un retraso en los trabajos, porque de abril a la fecha no se ha avanzado’’.

Según Vidulfo Rosales, la llegada del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en las investigaciones se retrasó, pues ‘‘el Estado mexicano ha puesto trabas en cuanto al nombramiento concreto de las personas que integrarán el equipo’’.