a primera cumbre de Naciones Unidas sobre Refugiados y Migración aprobó ayer un conjunto de propósitos denominado Declaración de Nueva York, en el cual se insta a los países miembros a adoptar diversas medidas de apoyo a migrantes y refugiados; entre ellas, proteger los derechos de quienes han debido abandonar sus lugares de origen y facilitarles el acceso al trabajo y a la educación. Como lo señaló el propio Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, el documento sólo tendrá un significado real si cumplimos con los compromisos que hemos asumido hoy. Pero tal cumplimiento es por demás incierto, dado que la declaración carece de carácter vinculante y que los únicos gestos concretos –pero insuficientes– del encuentro fueron el de la representación china, que puso a disposición de Naciones Unidas un fondo de 100 millones de dólares para ayuda humanitaria a migrantes y refugiados, y el lanzamiento de una campaña publicitaria del propio organismo internacional orientada a contrarrestar la creciente xenofobia en los países receptores de flujos migratorios.

Como señalaron diversas organizaciones no gubernamentales, en la cumbre de Nueva York proliferaron los buenos propósitos de representantes de gobiernos que, en la práctica, en vez de respetar los derechos de cada individuo y cumplir los compromisos ya existentes, optan por enfoques cada vez más restrictivos y dañinos contra los extranjeros que llegan a sus respectivos territorios, en palabras de Aurelie Ponthieu, asesora de Médicos Sin Fronteras.

Para corroborarlo, basta con recordar que mientras tenía lugar la cumbre sobre migración, Francia colocaba a los migrantes en campos de internamiento, que Gran Bretaña construye un muro en territorio francés para impedir la llegada de extranjeros vía el Canal de la Mancha y que en la isla griega de Lesbos un campamento de migrantes fue incendiado, al parecer de manera intencional, por manos anónimas.

En el caso de México, el presidente Enrique Peña Nieto, presente en la reunión neoyorquina, señaló que su gobierno seguirá trabajando para que se reconozca a los migrantes como agentes de cambio y desarrollo, para que se garanticen sus derechos humanos y se destierren los discursos de odio y discriminación en su contra.

Tales expresiones chocan, sin embargo, con los persistentes maltratos que sufren centro y sudamericanos, asiáticos y caribeños que transitan por nuestro territorio con el propósito de llegar al de Estados Unidos. Esa deplorable realidad no se ha podido erradicar ni siquiera con la adopción, en 2011, de una avanzada ley migratoria; cada año miles de migrantes se enfrentan a la deportación del país, en el menos peor de los casos, así como a encarcelamientos injustificados, extorsiones, torturas, violaciones e incluso la muerte, y en esa violencia estructural participan bandas delictivas, pero también, por acción u omisión, elementos policiales y agentes del Instituto Nacional de Migración, como ha sido documentado en diversas ocasiones.

Un factor ineludible de esta exasperante situación es el conjunto de compromisos establecidos con las autoridades de Washington por sucesivos gobiernos mexicanos para impedir que los extranjeros indocumentados logren llegar a nuestra frontera norte. Tales tratos se han traducido, para colmo, en una patente pérdida de soberanía, hasta el punto de que funcionarios y diplomáticos estadunidenses se permiten inspeccionar los dispositivos de control migratorio establecidos en la demarcación fronteriza del sur del país.

Los propósitos expresados ayer en la sede de la ONU apuntan en la dirección correcta, pero es indispensable que los gobiernos se armen de la voluntad política requerida para convertirlos en práctica.