En las comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda de la Cámara de Diputados están pendientes desde hace un año dos distintas iniciativas de las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC) y Morena para eliminar las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República, así como cualquier prerrogativa, incluyendo los gastos de seguro médico con cargo al presupuesto público, y una del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que pretende regularlas y reducir sus montos.

De acuerdo con esos partidos, el pago de personal de seguridad, asesoría, ayudantía y pensión vitalicia representa un gasto de 60 millones de pesos al mes.

Ayer, luego de que La Jornada publicó que se erogaron 7 mil millones para pagar seguros de vida a los ex presidentes y sus viudas, la diputada Verónica Delgadillo (MC) señaló que estos beneficios a los ex mandatarios son injustos e ilegales, porque no tienen fundamento en la Constitución y son parte de una dinámica de privilegios y fuente de derroche de recursos públicos.

Informó que insistirá ante la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se encuentra archivada la propuesta, para que ésta se dictamine. Expuso que los privilegios a los ex presidentes, esposas y descendientes se otorgan ‘‘bajo un modelo de opacidad y falta de rendición de cuentas. Ante la grave situación socioeconómica que vive el país, y después de los ajustes y recortes presupuestales anunciados, las altas esferas de la clase política mexicana no pueden mantenerse aferradas a sus privilegios y ciega ante la realidad’’.

Cuestionó que la información sobre el presupuesto que se destina para mantener los ingresos y la seguridad de los ex presidentes es entregada de manera selectiva y la que se conoce proviene de solicitudes de transparencia o por algún proceso judicial, pero no de la rendición de cuentas.

Desde el 3 de septiembre de 2015, como parte de su iniciativa de ley de austeridad republicana, que fue turnada a la Comisión de Hacienda, Morena planteó prohibir pensiones vitalicias distintas a las establecidas en las leyes de seguridad social a los ex presidentes de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros servidores públicos federales.

Ese día, la diputada Araceli Damián consideró que es posible y necesario ajustar los salarios de los altos funcionarios, específicamente el seguro de separación individualizada, los gastos de representación y las millonarias pensiones de los ex presidentes.

El 8 de septiembre de ese mismo año, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, presentó la iniciativa de ley de retiro para los ex presidentes –también pendiente en la Comisión de Hacienda–, que considera pagarles sólo el equivalente a 25 salarios mínimos cada mes, y en la que señala que el Congreso no ha aprobado una legislación que justifique los beneficios para ellos, sus cónyuges, viudas o hijos.