l lunes pasado referí en este espacio cómo afectarán las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Naicm) el exitoso proyecto de regeneración ecológica que llevó a cabo hace un cuarto de siglo el ingeniero Gerardo Cruickshank en el lago de Texcoco.

Varios lectores me ofrecen ahora más datos sobre lo negativo de establecer en el oriente de la Cuenca de México dicha terminal aérea. Por principio, se cierra la posibilidad de conservar otras zonas hoy arboladas o dedicadas a la agricultura y que por cientos de años han propiciado la recarga del acuífero de la cuenca. Serán utilizadas para la infraestrutura del Naicm, convertido en un imán para la formación de nuevos asentamientos humanos y las más diversas actividades industriales comerciales y de servicios.

Los funcionarios y empresarios que conocen todos los datos del proyecto gubernamental más importante del actual sexenio pasan por alto los efectos negativos que sobre la población y los recursos naturales ocasionará la transformación radical de una extensa porción del oriente de la cuenca. El gobierno federal asegura que no será así pues, por el contrario, realizará obras de conservación ecológica de tal magnitud que darán como fruto un medio ambiente más favorable para todos los que viven en la megaurbe.

Sin embargo, todo apunta a que dicha expansión urbana y económica estará marcada por la anarquía y la falta de planeación. En términos del medio ambiente, millones de habitantes verán agravados los problemas que ya padecen en calidad del aire, dotación de agua, movilidad urbana y salud.

El mismo lunes en que mencionaba el fin del ejemplar proyecto del ingeniero Gerardo Cruickshank, se supo que el costo de la construcción del nuevo aeropuerto aumentó 11 mil millones de pesos. Ahora asciende a 180 mil. Las obras de infraestructura aeroportuaria (incluyen el edificio de la terminal, la torre de control de tráfico aéreo, las tres pistas proyectadas para la primera fase y todas las instalaciones auxiliares) registraron un incremento similar y costarán poco más de 135 mil millones. No son las cifras definitivas de la megaobra, que debe estar funcionando en octubre de 2020. Como en el caso de otros grandes proyectos, al final salen muchísimo más caros de lo presupuestado inicialmente. Cabe agregar que 58 por ciento de la nueva terminal se financiará con nuestros impuestos. El restante 42 por ciento, a través del mercado de bonos.

Y por si no bastara todo lo anterior, se denuncia que el gobierno de Enrique Peña Nieto obsequiará a la organización Antorcha Campesina, grupo de presión al servicio del Partido Revolucionario Institucional, 2 millones de metros cuadrados pertenecientes a la nación con el fin de que construya un parque industrial aledaño a la nueva terminal aérea. Quien revela lo anterior no es un simpatizante de López Obrador. Por el contrario, es personaje distinguido del Partido Acción Nacional: José Luis Luege, titular en el sexenio de Felipe Calderón de la Comisión Nacional del Agua (CNA). En una entrevista publicada el 6 de agosto pasado por el semanario Proceso, Luege detalla al reportero Álvaro Delgado los pormenores de lo que llama nuevo robo a la nación para beneficiar a dicha agrupación política.

El citado parque se constuiría en el municipio de Chimalhuacán. Luege revela que cuando él era director de la CNA, Luis Miranda Nava, entonces secretario de Gobierno de la administración de Peña Nieto en el estado de México, le propuso el cambio de uso del suelo de parte de lo que es una reserva natural para construir allí el citado parque, a lo cual se negó. Recientemente el Presidente de la República designó a Miranda Nava secretario de Desarrollo Social en remplazo de José Antonio Meade, hoy titular de Hacienda y Crédito Público.

Cuando Luege hizo esta denuncia, Miranda Nava era subsecretario de Gobernación, el hombre de confianza de Peña Nieto en Bucareli. Y aunque Luege pidió ya la intervención del Senado para evitar este despojo a la nación, todo indica que sigue en pie el plan para entregar dicha superficie a Antorcha Campesina. Se evitará si las organizaciones sociales y políticas exigen a los senadores cumplir con su deber.