Culiacán, Sin.

Mirna Nereida no puede pronunciar la frase descanse en paz. Para ella, como para el resto de las personas que tienen familiares desaparecidos, ese descanso y esa paz, alusivos a los muertos que yacen en el cementerio, es como perseguir el horizonte sabiendo que éste siempre se aleja: la frase pacificadora y generadora de certidumbre está clausurada en su pecho, cancelada en sus labios y su corazón.

A Mirna Nereida Medina Quiñónez le desaparecieron a su hijo Roberto Corrales hace alrededor de dos años, en la comunidad de Mochicahui, municipio de El Fuerte. Y como la policía no lo buscó a pesar de que interpuso denuncia, ella empezó por su cuenta y luego, con otros ciudadanos que tienen parientes desaparecidos, recorrió montes y escarbó en riberas.

En el andar de este grupo por páramos y caminos desalmados se formó Las Rastreadoras, una organización civil integrada mayoritariamente por mujeres. Este mes cumplieron dos años buscando fosas y cadáveres en los municipios de Choix, El Fuerte y Ahome, y han logrado desenterrar los restos de 70.

Su labor ha rebasado a la que cualquier autoridad realiza en Sinaloa, donde suman cerca de 2 mil 200 desaparecidos en los cinco años y ocho meses del gobierno estatal encabezado por Mario López Valdez.

El 14 de septiembre pasado Las Rastreadoras localizaron una fosa cerca de la comunidad de Tosalibampo, municipio de Ahome, con nueve cadáveres de individuos que tenían no más de tres años de haber sido asesinados.

Las pugnas entre cárteles del narcotráfico, principalmente entre el de Sinaloa y células de los hermanos Beltrán Leyva –sobre todo en el norte de la entidad– han provocado aproximadamente 7 mil homicidios.

La policía de Ahome, según la fundadora de Las Rastreadoras, Mirna Nereida Medina Quiñónez, ha hecho el trabajo sucio y está implicada en muchas de estas privaciones ilegales de la libertad conocidas como levantones.

Te seguiré buscando

Mientras no te entierre, te seguiré buscando, es la frase impresa en la parte de atrás de las camisetas que usan estas mujeres que recorren caminos de polvareda fácil y alebrestada, donde hay mezquites y cactos, veredas secas y recovecos propicios para la nada.

Una llamada anónima o un mensaje de texto desde un teléfono desconocido bastan para que estas mujeres acudan a lugares donde nadie habita, excepto la muerte: tumbas clandestinas, fosas con carne descompuesta y huesos pelones, prendas con sangre cual costra, dientes que alguna vez dibujaron sonrisas, cabello como estropajo.

Te buscaré hasta encontrarte, dicen las alrededor de 200 integrantes de Las Rastreadoras en redes sociales, así como en mantas y pancartas durante sus protestas.

Con las rodillas en el lodo, las uñas quebradas y terregosas, los dedos hundidos en la maleza, buscan y buscan, y encuentran, pero no los cadáveres de Roberto ni de muchos otros desaparecidos.

Sangre en los uniformes

Según Mirna Nereida, los policías están involucrados en cerca de 90 por ciento de las desapariciones y, dice, no hay autoridad que ponga freno a este ilícito.

Sólo tres agentes están presos y fueron condenados a 28 años y nueve meses de prisión por su responsabilidad en la desaparición forzada de un joven en la comunidad de Mochicahui, municipio de El Fuerte.

Los ex policías municipales Jorge Cota Jiménez, Óscar Guadalupe Huicho Puente y Jorge Martínez Santos, recluidos por orden del juzgado segundo penal, fueron los primeros servidores públicos condenados por desaparición de personas.

Los sentenciados participaron en la persecución de un vecino de la comunidad La Constancia –cuya identidad se mantiene bajo reserva–, el 17 de noviembre de 2013. Después de que lo detuvieron jamás se volvió a saber de él.

Sinaloa ha convivido durante casi un siglo con el narcotráfico. En medio de hombres armados, el trato inevitable con los delincuentes y un gobierno presuntamente coludido, Las Rastreadoras hurgan sin descanso.

En algunas ocasiones son guiadas por desconocidos que saben cuál fue el destino de los ausentes. Así ocurrió con Sandra Luz Hernández, quien buscaba a su hijo Édgar, un joven que trabajaba en la Procuraduría General de Justicia del Estado y fue desaparecido en 2012, luego de ser emboscado por pistoleros en Culiacán.

Ella vendía cosméticos y recorría barrios, casa por casa. Luego de ofrecer sus productos, mostraba la foto de su hijo y preguntaba si lo habían visto. En más de una ocasión acudió con desconocidos que ofrecieron darle pistas. El 12 de mayo de 2014 la citaron en la colonia Benito Juárez, a donde acudió sólo para que la asesinaran de 10 balazos en la cabeza.

El homicida, identificado como Jesús Fernando Valenzuela, fue absuelto y liberado en marzo de 2015. Sandra Luz lo señaló una y otra vez como el responsable de la desaparición de su hijo.

Lo sostuvo en audiencias con el gobernador, con el procurador Marco Antonio Higuera Gómez y otros servidores públicos. Pero nadie investigó. Ahora ella está muerta, su hijo sigue desaparecido, y quien la asesinó a balazos, libre.

Te buscaré hasta encontrarte, dicen las camisetas que portan Las Rastreadoras cuando acuden a búsquedas o realizan alguna protesta. Pero no. Aun encontrado el cadáver del ser querido, perforado y entelerido, no hay descanso. Hay muchos, cientos, miles, que esperan ser encontrados y también justicia.