La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) conocerá del caso denominado Mariana Selvas Gómez y otras, todas ellas mujeres mexicanas y extranjeras que fueron objeto de violencia sexual por policías los días 2 y 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México.

Las autoridades mexicanas dieron a conocer la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de enviar el expediente a la Coridh.

El caso fue presentado a la CIDH el 28 de abril de 2008, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) señaló que las acusaciones son por detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y uso desproporcionado de la fuerza, perpetradas por policías estatales y federales contra quienes se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto en San Salvador Atenco.

El gobierno mexicano señaló que fueron las autoridades quienes solicitaron que el caso fuera enviado a la Coridh, ante la posibilidad de que la comisión determinara no considerar el cúmulo de acciones en materia de atención y reparación al caso.

Mediante un comunicado de prensa, el gobierno señaló que hizo un llamado a la CIDH para que remitiera el asunto a la consideración de la Coridh, a fin de que sea ese órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos.

En ese contexto, el gobierno de México dijo que “desde marzo de 2013 el Estado reconoció su responsabilidad en este caso, y en su momento notificó oficialmente a la CIDH de esta decisión. Acorde con ello, ha realizado y continúa realizando todos los esfuerzos a su alcance para impulsar la investigación del caso, sancionar a los responsables, y adoptar medidas de reparación y otras para evitar la repetición de hechos similares.

“Como resultado de estos esfuerzos, a la fecha, hay más de 30 personas detenidas y sujetas a proceso penal por este caso. Se subraya que las investigaciones penales correspondientes de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México han tomado debida consideración de las conclusiones a las que en su momento arribó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en febrero de 2009.

“Además de ello, el Estado creó un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, que comprende medidas de compensación económica, rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y sicológica, y la entrega de viviendas.

Por otra parte, el Estado ha tomado diversas medidas de carácter estructural para reparar el daño y evitar la repetición de hechos similares, tales como la adecuación de la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública; el establecimiento de protocolos de actuación ministerial con perspectiva de género, y la construcción de centros de justicia para mujeres a nivel local.