En México hay actualmente 28 mil 472 expedientes de personas no localizadas, 5 mil 201 más que en octubre de 2014.

Los cambios en las fiscalías locales (fuero común) así como en la Procuraduría General de la República (fuero federal) para agilizar la búsqueda de personas no han sido suficientes para disminuir esta problemática.

En el más reciente corte estadístico, compilado por la Secretaría de Gobernación (SG), con base en información que le envían autoridades locales, no se evidencia una disminución de los casos, sino una ligera alza respecto de las cifras de abril pasado.

En ese mes el corte fue de 27 mil 162 a 27 mil 428 personas en esa condición en el fuero común, y de mil 27 a mil 44 en el ámbito federal.

Es decir, en un trimestre se sumaron 266 averiguaciones previas de personas no localizadas, término que se aplica a escala general.

El Senado recibió de la SG el informe anual 2015 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con el corte al 31 de diciembre del año pasado, en el que se informa del total de personas no localizadas: del fuero común, 26 mil 898, esto es, 530 más que en el corte más reciente, al 31 de julio pasado.

Si bien puede haber hallazgos, las autoridades mantienen opacidad en esta información y persiste la escasez de datos para dilucidar si se trata de presuntas ausencias voluntarias o desapariciones relacionadas con la acción de particulares o delincuencia organizada e incluso perpetradas por policías o algún otro servidor público (desaparición forzada).

Los datos compilados por el Sistema Nacional de Seguridad, de la SG, indican persistencia de esta problemática en Tamaulipas, entidad que encabeza la lista, con un acumulado histórico de 5 mil 560 personas no localizadas.

Le sigue el estado de México –el más poblado del país–, con 2 mil 649; Jalisco, 2 mil 476; Nuevo León, 2 mil 311; Sinaloa, 2 mil 220; Chihuahua, mil 799, y Coahuila, mil 580. Se trata de las mismas entidades que en 2015 reportaban más averiguaciones previas de este tipo.

Hace poco más de año y medio, Tamaulipas, el estado de México, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua sumaban 61.4 por ciento del total de desaparecidos en el país.

En cuanto al ámbito federal, a cargo de la PGR, bajo la presunción de que en las desapariciones hay vínculos o responsabilidad de la delincuencia organizada, Guerrero sigue en la cúspide de la lista, con 280 casos sin dilucidar; enseguida está Veracruz, con 195, y Tamaulipas, con 145.

La mayoría de los mil 44 expedientes a cargo de la PGR refieren que las víctimas son varones de hasta 40 años. Lo mismo ocurre con el fuero común, donde las víctimas son principalmente jóvenes.

Las organizaciones no gubernamentales, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, subrayan la urgencia de que las autoridades locales y federales reconozcan la gravedad del problema, y se forme una comisión nacional de búsqueda, en la cual se diseñe un protocolo de reacción inmediata y un plan de búsqueda homologado a escalanacional.

Lo anterior, a fin de que las estrategias de localización de ausentes no quede a discreción, fortalezas o debilidades de cada entidad.

En el Congreso de la Unión hay una iniciativa para generar una ley de desaparecidos, la cual hasta el momento se encuentra sin avances, respecto de la discusión o el dictamen de los legisladores.