Mediante una circular emitida el pasado 23 de agosto y publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Función Pública informó a dependencias del gobierno federal, estatales y municipales que deberán abstenerse de “recibir propuestas y otorgar contratos a las empresas Tradeco Infraestructura y Grupo Industrial IGSA, las cuales fueron sancionadas por 30 meses y tres meses, respectivamente.

Aunque la notificación formal no menciona expresamente la causa del veto que decretó el gobierno federal para ambas empresas, éste obedece a la denuncia que interpuso el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) ante el órgano interno de control en contra de la empresa Tradeco, en octubre de 2015, luego de que ésta no pudo garantizar que contaba con mil 507 millones de pesos para la construcción del Hospital General Gonzalo Castañeda, en Tlatelolco, Ciudad de México.

El corporativo, en asociación con IGSA, obtuvo el contrato de asociación público privada, el primero de este tipo en el Issste, para realizar la obra. Mediante esta modalidad, la empresa se comprometió a construir y equipar el nuevo hospital, así como llevar la administración durante 25 años. A cambio, el instituto pagaría anualmente alrededor de 300 millones de pesos.

El problema fue que Tradeco no cumplió, y en por lo menos dos ocasiones solicitó el diferimiento de la fecha para comprobar que tenía el respaldo financiero. Por eso, el instituto canceló el contrato, impuso una multa de 46 millones de pesos más IVA y una fianza de 155 millones de pesos. A partir de ahí se originó un conflicto legal que aún está en curso en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, a causa del cual tampoco se ha podido continuar con la construcción del nosocomio.

De hecho el instituto ya explora otras alternativas, como lanzar una nueva licitación para construir el hospital en otro sitio.

Tradeco, empresa fundada en 1992 y cuyo propietario es Fernando Martínez Urmeneta, creció bajo las dos administraciones federales de extracción panista (Vicente Fox y Felipe Calderón), pero sus vínculos con el gobierno federal de Enrique Peña Nieto se han reducido de manera sustancial.

Al mismo tiempo enfrenta problemas financieros importantes, que la han llevado a incurrir en incumplimiento de contratos con gobiernos estatales e incluso con instancias internacionales.