Horas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las leyes anticorrupción aprobadas por los Congresos de Veracruz y Chihuahua, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado para informar que tomó conocimiento del fallo del máximo tribunal del país para los efectos jurídicos correspondientes.

La dependencia, que dirige Arely Gómez, refirió que con la resolución de la SCJN, las normas impugnadas quedarán sin efecto, por lo que los congresos de estos estados deberán ajustar el marco regulatorio, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes a efecto de que los sistemas locales anticorrupción cumplan con los estándares que marca la Constitución federal.

La PGR indicó que en relación con las acciones de inconstitucionalidad de las leyes locales en materia de combate a la corrupción interpuestas contra el Congreso de Quintana Roo, la Suprema Corte de Justicia continúa dando trámite a las mismas.