En 1989, luego de una existencia de 31 años, el gobierno decretó la desaparición del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), cuyos objetivos fundacionales fueron promover y difundir los sistemas más convenientes de cultivo, beneficio y comercialización, que se modificaron en las diversas administraciones.

Durante su existencia, el Inmecafé se encargó de fijar un precio mínimo al grano y se convirtió en el único comercializador, lo que –de acuerdo con las organizaciones de productores– derivó en la pérdida de calidad, mientras que Colombia y otros competidores internacionales la mejoraban y avanzaban en el mercado internacional.

Poco antes de desaparecer, su último director Fausto Cantú Peña impulsó el desarrollo de la variedad Café Oro Azteca, hoy nuevamente presentada como una alternativa ante la caída de la producción, debido, entre otros factores, a la expansión de la roya del cafeto.

Con la desaparición del Inmecafé, el precio quedó sujeto al libre mercado y los pequeños productores bajo las decisiones de las grandes trasnacionales que controlaron más de la mitad del mercado y además impusieron su visión en la Organización Internacional del Café (OIC), regulador en el ámbito mundial.

Ningún organismo sustituyó al desaparecido Inmecafé, el sector productivo del ramo quedó sujeto a las políticas sexenales impuestas por la Secretaría de Agricultura. El sector, reconocido por sus aportaciones en dólares al país, retrocedió, el entonces llamado oro verde –término que años después se adjudicó al aguacate– se sumió en el olvido del financiamiento gubernamental, de la asistencia técnica y otros factores que orillaron a cientos de pequeños productores, sobre todo de Guerrero, dedicarse a otros cultivos.

Durante los gobiernos del PAN se creó el Consejo Mexicano del Café, los consejos estatales del grano y el sistema producto, que después derivaron en la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (Amecafé), cuya dirección quedó en manos de los productores privados.

A partir de 2009, los productores organizados del sector social propusieron la creación de un nuevo organismo para atender la vulnerabilidad económica, dependencia y debilidad de los productores ante un mercado internacional altamente especulativo y uno nacional dominado por grandes empresas trasnacionales.