En sesión privada, este viernes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) analizará el acatamiento del Estado mexicano a dos de las sentencias emitidas en su contra: una por desaparición forzada y otra por tortura, ambos delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas.

En la sesión, que se realizará en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los jueces evaluarán los avances de los casos del dirigente campesino Rosendo Radilla Pacheco, detenido y desaparecido en 1974 en el estado de Guerrero, y de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, aprehendidos y torturados en 1999, en la misma entidad.

Tras siete y seis años de haberse dictado estas sentencias, respectivamente, el Estado mexicano no ha cumplido satisfactoriamente varios puntos de la resolución emitida por la Coridh, que este viernes –ligados estos casos– evaluará las reformas hechas a los códigos Penal Federal, en materia de desaparición de personas, y de Justicia Militar, relacionada con las competencias de los tribunales castrenses.

En este último caso, aun cuando fue aprobada recientemente una reforma legal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de dicho Código de Justicia Militar, y del Código Militar de Procedimientos Penales.

En esta acción de inconstitucionalidad, la cual todavía no se resuelve, la CNDH cuestionó diversos artículos de los códigos señalados, pues desde su visión no cubren los estándares constitucionales ni internacionales en la materia. La SCJN ha determinado que las sentencias de la Coridh son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano.

Este viernes, en la audiencia privada, el organismo internacional de derechos humanos supervisará el cumplimento de las reparaciones impuestas en estos dos casos, que incluye los avances en las investigación de las violaciones cometidas por desaparición forzada y tortura.

Los asuntos fueron presentados a la corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante el desacato reiterado a sus recomendaciones.

Esta audiencia es de supervisión de cumplimiento; eventualmente, tras escuchar las posturas y alegatos que presenten los representantes legales de las víctimas y del Estado mexicano, los jueces podrían emitir, en una decisión adversa para el país, una resolución que sea remitida a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).