A la decisión de hacer a un lado el acto para dirigir el acostumbrado mensaje con motivo del cuarto Informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto introdujo la víspera un elemento que generó desde el martes gran polémica: la reunión en Los Pinos con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

A lo largo de estos 12 meses, la economía, la seguridad, los derechos humanos y la corrupción se mantienen, más allá de las percepciones, como los cuatro mayores problemas de México.

Podría esperarse que el innovador formato diseñado para esta ocasión –un diálogo televisado con jóvenes– dé respuestas puntuales a cada uno de esos temas, si bien en la publicidad oficial de Los Pinos, difundida en promocionales donde el propio presidente Peña es figura central, la intención de resaltar otro tipo de narrativa sobre México: ‘‘Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho’’, es el lema para esta ocasión.

Sin embargo, si bien en términos de inflación ésta se ha mantenido baja, otros indicadores son preocupantes incluso para los observadores extranjeros, como señalaron hace apenas unos días dos de las más importantes calificadoras, Moody’s y Standard and Poor’s. Hoy, sin ir más lejos, las tarifas eléctricas y las gasolinas tendrán una nueva alza.

Apenas en el octavo mes del año, se ha informado sobre sucesivos recortes en las expectativas de crecimiento y hoy éste se estima de apenas alrededor de 2 por ciento, lejos del cálculo oficial para este 2016.

Otro elemento de inquietud está en el cada vez más elevado endeudamiento público, que ya el año pasado representó 43.2 por ciento del producto interno bruto (PIB).

En el plano social, el gobierno federal sigue sin tener una solución definitiva para la protesta magisterial contra la reforma educativa, agravada por los hechos violentos del pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, con saldo de ocho muertos. La Policía Federal intervino en ese poblado y está en curso una investigación para ubicar el nivel de responsabilidad de esa corporación.

Tras lo ocurrido ese día, el gobierno federal convocó a mesas de negociación para tratar de resolver el conflicto con el magisterio disidente, sin embargo, las pláticas se suspendieron por la decisión de profesores de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán de no iniciar el ciclo escolar el pasado 22 de agosto.

La seguridad pública se mantiene como una asignatura sin aprobación: en julio se tuvo el número de homicidios dolosos más alto del sexenio, con mil 842, de acuerdo con los datos ofrecidos por la Secretaría de Gobernación.

La propia administración federal admitió públicamente apenas hace dos días un repunte en los hechos delictivos en el país, y durante la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) el presidente Peña anunció una nueva estrategia para hacer frente a la violencia en los 50 municipios con mayor índice delictivo.

En compensación debe consignarse que las fuerzas armadas recapturaron en enero de este año a Joaquín El Chapo Guzmán, quien se había fugado de la prisión de máxima seguridad del Altiplano el 11 de julio de 2015.

Aunque se han tenido otros casos de capturas importantes, los reportes de hechos violentos entre cárteles enemigos, y entre éstos y las fuerzas de seguridad, siguen siendo cotidianos en diversas zonas del país, y de acuerdo con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la percepción negativa de la población sobre seguridad creció.

En el plano político, y más allá del sonoro revés propinado por los electores al PRI –partido donde milita Peña Nieto– en siete de las 12 gubernaturas disputadas el pasado 5 de junio, otros frentes se encuentran abiertos por acción u omisión del gobierno federal.

La iniciativa enviada en mayo por el Ejecutivo para legislar sobre el matrimonio igualitario ha generado una fuerte reacción de grupos de la derecha mexicana, aupada por la jerarquía católica, cuya verdadera dimensión podrá medirse en las dos marchas convocadas para septiembre en las principales ciudades del país. Al igual que su propuesta para regular el consumo de la mariguana, se mantienen sin avances en el plano legislativo y no se advierte activismo en el gobierno federal por impulsar su aprobación.

La atmósfera política nacional ha registrado sonados hechos de controversia y crítica a la gestión del jefe del Ejecutivo por algunas revelaciones sobre acciones y propiedades en su ámbito personal, entre ellas el pago hecho en Estados Unidos del impuesto predial de un departamento de su esposa, Angélica Rivera, en Miami.

En relación con los derechos humanos, esta administración ha recibido señalamientos incriminatorios y de abierto desmentido. En el primer caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer una recomendación de más de 600 páginas donde documenta que en los hechos ocurridos el 23 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, la Policía Federal ejecutó al menos a 22 de los 42 civiles (presuntos delincuentes) que se encontraban en un rancho en ese momento.

En abril de este año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un documentado informe donde se echan por tierra muchas de las versiones oficiales sobre la desaparición en Iguala de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

En este periodo, el gobierno de Peña Nieto se anotó –y no sin turbulencias en la negociación y el proceso legislativo– dos importantes puntos con la aprobación de la ley por la que se limita la contratación de deuda de las entidades federativas y la formación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Y hoy, sobre todos esos temas, la población querrá conocer respuestas puntuales.