En los cuatro años de este gobierno, las garantías básicas no han sido prioridad ni han estado en la agenda de las políticas públicas; incluso, se ha mostrado reiteradamente una intencionalidad política de invisibilizar la grave crisis que vive el país en esta materia, aseguró Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Además, destacó que en los pasados dos años el gobierno ha disputado los diagnósticos que diferentes organismos internacionales de Naciones Unidas han hecho sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Por ello, estimó que el cuarto Informe de gobierno, que este jueves entregará al Congreso el presidente Enrique Peña Nieto, tendría que empezar precisamente por reconocer la gravedad de esta crisis y su diagnóstico como país, donde además, dijo, hay un problema estructural de impunidad.

En entrevista, Mario Patrón señala que hay un contexto de macrocriminalidad fuerte en el país, en donde se suma el crimen organizado y el poder político, generando escenarios de violaciones graves de derechos humanos, como extorsiones, secuestros, desapariciones, tortura y ejecuciones.

Naciones Unidas ha destacado que cuando menos en 26 de las 32 entidades se aplica la desaparición forzada, aunado a que el relator especial contra la tortura, del mismo organismo, ha señalado que ésta es una práctica generalizada en el país.

Frente a este diagnóstico, el informe de gobierno tendría que empezar por reconocer la propia crisis y el diagnóstico país, pero la tendencia ha sido lo contrario, ha sido disputar los diagnósticos de nación que han hecho sobre todo los mecanismos internacionales, desde 2015 y 2016, dijo el director del Centro Prodh.