Las leyes anticorrupción impulsadas por los gobernadores de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que fueron aprobadas por los congresos de esas entidades, son inconstitucionales y deben ser invalidadas. Así indican los proyectos de dictamen que serán discutidos por el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del próximo lunes cinco de septiembre.

Luego de dar luz verde a la resolución prioritaria de estas demandas el pasado 25 de agosto en sesión privada, de acuerdo con fuentes judiciales, los proyectos elaborados por los ministros José Ramón Cossío Díaz (Chihuahua) y Javier Laynez Potisek (Veracruz) le dan la razón al Ejecutivo federal, el cual interpuso acciones de inconstitucionalidad –a través de la Procuraduría General de la República (PGR)– en contra de la decisión de los congresos de esas entidades por aprobar leyes anticorrupción y de responsabilidades de los servidores públicos antes de que el Congreso de la Unión emitiera las leyes generales y federales respectivas, como parte de la reforma constitucional anticorrupción.

Trascendió que la tercera acción de inconstitucionalidad que presentó la PGR ante la Corte por este mismo tema, en contra del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, no tiene fecha para su discusión en el pleno, en razón de que se complicó el trámite y desahogo de pruebas, y con ello, la elaboración del proyecto encomendado a Norma Lucía Piña Hernández.

En los tres casos, la PGR demandó ante la Corte que declare la inconstitucionalidad e invalide las leyes impugnadas –la cual son consideradas por partidos de oposición y por organizaciones sociales como un blindaje para proteger a los mandatarios locales cuando dejen sus cargos–, con base en el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual indica que los sistemas locales carecen de facultades para aprobar leyes antes de que se publiquen las normas generales correspondientes, aprobadas por el Congreso de la Unión.

Los informantes precisaron que en razón de que Cossío y Laynez plantean –cada quien con sus particularidades– que las leyes anticorrupción de Chihuahua y Veracruz son inválidas, pues que los congresos locales no están facultados para adelantarse en la aprobación de normas, cuando en la reforma constitucional está establecido que se trata de un Sistema Nacional Anticorrupción que entrará en vigor con la reforma a la carta magna, la emisión de leyes federales y de leyes locales en concordancia con las dos primeras. Su proyecto ya no analiza la constitucionalidad de las normas en lo particular.

En el caso del gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, éste termina su gobierno el próximo 3 de octubre, mientras Javier Duarte de Ochoa concluye su mandato el 30 de noviembre.

Por lo que respecta al caso de Borge, en Quintana Roo, como él termina su gestión el 4 de abril de 2017, la Corte cuenta con más días para resolver la acción de inconstitucionalidad.