La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al presidente Enrique Peña Nieto a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, a fin de recibir y examinar peticiones individuales por este delito, como un acto de congruencia entre la política interior y exterior del país.

En un pronunciamiento en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas –30 de agosto–, el organismo nacional también pidió reconocer la existencia de este flagelo y sostuvo que un solo caso representa un reto ineludible para el Estado mexicano, cuyas instituciones de investigación y procuración de justicia son puestas a prueba ante la ciudadanía y el concierto internacional en el que México está incluido.

Asimismo, la CNDH solicitó al Congreso de la Unión que la Ley General de Desaparición Forzada sea tema prioritario en el periodo ordinario de sesiones que inicia este primero de septiembre, y en el que debe darse prioridad a la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, además de agravar la pena cuando la víctima sea menor de 18 año.

De acuerdo con datos oficiales, en el país existen más de 27 mil casos de personas con paradero desconocido, sin especificar el número de víctimas que fueron sometidas a desaparición forzada –por parte de alguna autoridad– o por particulares. Además, estas cifras gubernamentales no incluyen los casos de personas migrantes ni casos de desaparición que no han sido denunciados de manera formal.

En la actualidad México firmó la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas en febrero de 2007, la ratificó en marzo de 2008 y entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.

Sin embargo, aún tiene pendiente aceptar la competencia de dicho comité en los términos de los artículos 31 y 32 de la convención, mediante el cual las víctimas puedan presentar quejas ante esa instancia, y que éste pueda recibir quejas de otros estados relativos a México.

En esta último situación, el organismo de Naciones Unidas podría recibir casos por la desaparición forzadas o de particulares de migrantes provenientes de países centroamericanos.

Respecto a la ley general sobre desaparición que, según se ha afirmado, será discutida y aprobada por el Congreso en este periodo legislativo, la CNDH subrayó la conveniencia de que este nuevo contexto normativo cuente con un apartado focalizado en los temas de niñez y adolescencia, en los que se establezca la obligación de las autoridades de generar datos desagregados sobre las víctimas de esos delitos, y aplicar las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

De igual manera, propuso que en esta nueva ley disponga la creación de áreas y protocolos especializados no sólo en la investigación de los casos, búsqueda y procesamiento de información, sino en la sistematización de los datos obtenidos, que permita realizar un mapeo de los factores de riesgo que inciden, en cada región del país, en la comisión del delito de desapariciones contra niñas, niños y adolescentes y sus consecuencias.