a destitución de Enrique Galindo Ceballos tiene como referencia objetiva las acciones criminales de la Policía Federal (PF) cometidas en Tanhuato y Asunción Nochixtlán (las más evidentes y denunciadas, pero no las únicas; bastaría recordar la masacre del 6 de enero de 2015 en Apatzingán, con 16 muertos). Y, como referencia subjetiva, las pugnas intergrupales en el gabinete de Enrique Peña Nieto, donde el bando de Luis Videgaray y Aurelio Nuño estaba empujando para que Miguel Ángel Osorio Chong fuera despojado de su brazo policial operativo.

A Galindo Ceballos no se le otorgó la gracia de que su salida fuera disfrazada de renuncia, por razones de salud o personales, como suele hacerse en otros casos. Por el contrario, se le destituyó abiertamente (por instrucciones de EPN) y se mencionó que dicha expulsión se daba en el marco de los hechos recientes. Recuérdese que 11 días atrás se había presentado el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual señalaba a la Policía Federal como responsable de ejecuciones y abusos graves de cuando menos 22 de los 42 presuntos delincuentes acribillados en Tanhuato, Michoacán.

Esos hechos innombrados (cuando menos los de Tanhuato) están siendo utilizados por Los Pinos para dar algún barniz a sus pronunciamientos contra la corrupción y la impunidad. Según lo dicho por el políticamente golpeado Osorio Chong, la caída de Galindo Ceballos tiene el objetivo de facilitar que las autoridades correspondientes lleven a cabo investigación de cara a los ciudadanos.

Sin embargo, Osorio Chong y Galindo Ceballos pueden estar relativamente tranquilos en el ámbito concreto del organigrama, pues el relevo designado (¿en definitiva o de manera provisional?), Manelich Castilla Craviotto, garantiza plena continuidad al esquema de trabajo sostenido hasta ahora en la Policía Federal. Castilla Craviotto fue delegado de la PF en San Luis Potosí en 2010, al tiempo que Galindo Ceballos era secretario estatal de Seguridad Pública y, cuando éste fue designado comisionado general de la Policía Federal de México, ya en la administración peñista, se abrió un camino para Castilla Craviotto que lo llevó a ser comisario adscrito al comisionado Galindo durante cuatro meses (a finales de 2013), ministro agregado de la PF en la embajada de México en Colombia (de enero a agosto de 2014) y jefe de la División de Gendarmería de agosto de 2014 a la fecha.

Un detalle interesante de la biografía del nuevo jefe policiaco federal es que durante siete años (de 2004 a 2011) fue el responsable del programa de justicia de la Fundación Telmex (obviamente, de Carlos Slim), creado para otorgar fianzas de carácter penal a personas presas por su situación de pobreza, ya que teniendo beneficios de libertad carecen de los medios económicos para hacerlos válidos. Y, durante dos años, de 2001 a 2003, fue coordinador de desarrollo económico en el programa de rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México, también en la Fundación Telmex. Nacido en Mérida, Yucatán, Castilla Craviotto es abogado por la Universidad Latina, campus sur, de la colonia Roma de la Ciudad de México, y tiene una maestría cursada en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Habrá de verse si el presunto propósito justiciero que ha motivado la destitución de Galindo Ceballos, y lo coloca bajo una investigación de cara a los ciudadanos, llevará a fincar responsabilidades penales al ex jefe de la Policía Federal o todo queda en fuego de artificio previo al cuarto informe de actividades de Peña Nieto o en un ajuste político de cuentas entre las facciones encabezadas por Videgaray y Osorio. El mensaje que se desprenderá de la manera en que se conduzca este proceso será el de más simulación e impunidad, o el de un freno ejemplar a los cotidianos abusos criminales que realiza esa fuerza federal contra los ciudadanos involucrados o no en hechos delictivos.

Es plausible que se investiguen los hechos de Tanhuato, donde la Policía Federal ejecutó a cuando menos 22 de 42 personas, en un saldo absolutamente desproporcionado, pues a esas decenas de muertos no correspondió ninguno del lado de los federales, a pesar de que la narrativa oficial habló de un fuerte enfrentamiento. Pero en Apatzingán, el 6 de enero de 2015, los federales también dispararon de manera criminal contra autodefensas michoacanos, quienes protestaban contra el ahora comisionado deportivo, entonces virrey de Michoacán, Alfredo Castillo. Un documentado y valiente trabajo de la periodista Laura Castellanos mostró que ahí fueron ejecutadas 16 personas.

Y también es necesaria una investigación justiciera respecto de lo sucedido en Asunción Nochixtlán, donde la Policía Federal disparó armas largas, dejando cuando menos ocho muertos, en el contexto de un desalojo carretero de protestas contra la reforma educativa. En ese municipio oaxaqueño, Galindo Ceballos y la PF conjuntaron mentiras (primero, sin armas; luego, ya ante fotografías probatorias de lo contrario, reconoció que un grupo sí había acudido con armamento) y descontrol institucional (2 mil personas habrían emboscado a una PF carente de servicios de inteligencia operativa).

Por último, debe anotarse que el grupo de Videgaray-Meade-Nuño tiene bajo fuego político al secretario de Gobernación, en una adelantada batalla por la candidatura presidencial priísta de 2018. A Osorio Chong lo culpan, en específico al operador Galindo Ceballos, de haber cambiado en Nochixtlán el curso de presunta victoria oficial que, según aquellos, ya se vislumbraba en el tema de la reforma educativa.

Y, mientras Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones Rivera, ha sido designado por la bancada priísta presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, en un guiño de agradecimiento a los socios del Partido Verde Ecologista de México (las cuatro mentiras), pero también al político sonorense, que actualmente está en receso, ¡hasta mañana!

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