San Salvador.

Resultado de su firme lucha por la Madre Tierra, la activista ambiental Sonia Sánchez ganó recientemente dos demandas frente al Grupo Roble, una de las más poderosas corporaciones privadas de El Salvador,

La mujer había denunciado la tala masiva de 28 hectáreas de bosque para construir 426 viviendas exclusivas en el municipio Santo Tomás, de los últimos pulmones verdes del área metropolitana de San Salvador, pese al desacuerdo de los pobladores.

Marcela López, su hija, aseguró que aunque se ganaron estas batallas comandadas por su mamá, las mujeres jóvenes y adultas del municipio continuarán luchando porque se respete el entorno natural que les da vida.

Junto con organizaciones ambientales, las féminas mantienen la defensa de sus bienes naturales desde que Grupo Roble empezó a deforestar el bosque de carga hídrica en Santo Tomás para la construcción de un residencial.

Estuvimos unos cuatro meses desplegando acciones comunitarias directas frente a uno de los territorios en peligro lo que generó un proceso de persecución y criminalización a las defensoras ambientales, como mi mamá, explicó.

Sonia Sánchez enfrentó una primera demanda por coacción; fue absuelta y unas tres semanas después la volvieron a demandar por difamación y calumnia, dijo.

La empresa aseguraba que no había impacto ambiental ni persecución y criminalización de las defensoras, y que los permisos ambientales estaban debidamente legalizados. Enfrentamos el proceso judicial y la semana pasada, Sánchez fue absuelta, contó.

Le pedían 25 mil dólares por supuestos daños ocasionados a la empresa, que forma parte del conglomerado empresarial Grupo Poma, uno de los más grandes de la región, con operaciones en Centroamérica, el Caribe y Suramérica.

Seguiremos luchando, estamos en el fortalecimiento de la Red Ambientalista de Santo Tomás, porque con la unificación de varias organizaciones y ciudadanos de la localidad enfrentaremos cualquier amenaza a nuestra tierra, enfatizó Marcela López.

Uno de los principales problemas ambientales de El Salvador es la deforestación, causada por la tala de árboles para la agricultura, construcción de maquilas y residencias, y también por la quema de los sucesivos bombardeos del ejército en el período del conflicto armado (1980-1992).

Aunque desde hace siete años comenzaron a tomarse medidas para frenar este problema, son insuficientes. El pasado año, el presidente Salvador Sánchez Cerén reafirmó el compromiso de su gobierno con el cumplimiento del Desafío Bonn, en el que El Salvador, junto con otros países del mundo, asumen el reto de restaurar 150 millones de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas para el año 2020.

El país se ha comprometido en reforestar un millón de hectáreas, eso significa la mitad del territorio nacional, es una enorme responsabilidad y estamos trabajando en lo inmediato con reforestar 100 mil hectáreas, aseguró el gobernante en la primera reunión regional para Latinoamérica de esa iniciativa.

Entre otras acciones, El Salvador propuso convertir a la región del Trifinio –compartida por El Salvador, Honduras y Guatemala– en una reserva de la biósfera transfronteriza reconocida por la Unesco.

Organizaciones ambientalistas acompañan este esfuerzo, pese a situaciones como la que han sufrido Sonia Sánchez, su hija y quienes en Santo Tomás buscan proteger la floresta, el país y el planeta.