yer, al cumplirse seis años de la supensión de operaciones de Mexicana de Aviación, ex trabajadores de la aerolínea realizaron una marcha de protesta en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Es pertinente recordar que hace dos décadas la empresa hoy extinta se encontraba entre las mayores líneas aéreas del mundo por generación de ingresos y que en menos de tres lustros pasó a ser una compañía en ruinas. Esta historia catastrófica ilustra a cabalidad la destrucción provocada por las políticas económicas neoliberales, privatizadoras y opacas puestas en práctica en el país por las sucesivas administraciones desde 1988 hasta la fecha, por la voracidad empresarial y por la indiferencia de las autoridades ante la destrucción de miles de puestos de trabajo.
Hasta 2005 Mexicana era una empresa de propiedad pública –administrada por medio de Cintra– que transportaba 11 millones de pasajeros al año, operaba cerca de 60 aeronaves, generaba 8 mil empleos directos y unos 200 mil indirectos y contaba con dos filiales. En 2005, el gobierno de Vicente Fox vendió la empresa a Grupo Posadas, encabezado por Gastón Azcárraga, en una transacción por cerca de 165 millones de dólares. Al año siguiente los nuevos propietarios exigieron a los trabajadores recortes salariales de 35 por ciento y cancelación de prestaciones, con el pretexto de que la empresa debía ahorrar para adquirir más aviones. Pero, en vez de ampliar la flota, Azcárraga contrató empréstitos multimillonarios –sin informar de ello al consejo de administración de la empresa y sin enterar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la situación real de la compañía–, para lo cual hipotecó parte de las aeronaves, lo que derivó en una caída de las ventas.
Para 2010 la opacidad y el desastre administrativo culminaron en una petición de concurso mercantil ante un juzgado y en la suspensión de operaciones. Pero después de varios intentos de rescate y la disposición de los trabajadores –sobrecargos, pilotos y personal de tierra– a realizar sacrificios adicionales con tal de salvar a la empresa, de las ofertas de grupos de accionistas y del tránsito del expediente por varios juzgados, no hubo forma de reflotar a Mexicana. En reiteradas ocasiones los trabajadores denunciaron la colusión de funcionarios federales del gobierno calderonista y de intereses de las aerolíneas competidoras para torpedear cualquier acción orientada a poner a la compañía en funcionamiento. Por su parte, la administración que arrancó el 1º de diciembre de 2012 fijó claramente desde un principio su negativa a rescatar a la que había sido la línea aérea insignia del país.
En el curso de estos sucesos, lo que quedaba de los activos de Mexicana se fue perdiendo hasta la casi extinción total, y si bien los principales afectados han sido los trabajadores –en activo y jubilados–, el país entero ha experimentado una gravísima pérdida de capital humano, fuente de divisas e imagen y presencia internacionales. Actualmente Gastón Azcárraga, prófugo de la justicia durante un tiempo, logró la supensión de la orden de captura que existía en su contra por presunto lavado de dinero.
Este desenlace desalentador y exasperante debiera ser visto como un indicador más de la necesidad de emprender un viraje en la conducción económica y priorizar la protección al empleo y aplicar una vigilancia estricta ante las prácticas administrativas fraudulentas para las cuales la quiebra de empresas significa una oportunidad de lograr enormes ganancias.
