Un colectivo de más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil documentó 67 casos de violaciones y abusos a derechos humanos por el Estado mexicano y empresas de diferentes sectores, principalmente ligados a proyectos de minería, infraestructura, energéticos, agroindustria, inmobiliario, maquila y corredores industriales.

En un reporte que será entregado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que este lunes comienza una visita de 10 días a México, se señala que en más de la mitad de los casos hubo intimidación y/o ataque contra activistas, en medio de la crisis de derechos humanos que vive el país.

Las violaciones documentadas más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y el territorio, al acceso a la información, a un medio ambiente sano, impactos negativos a la salud y falta de cumplimiento de las garantías de los pueblos indígenas.

En México, la influencia corporativa se observa en todos los niveles del gobierno (local, municipal, estatal y federal), lo que debilita los procesos de protección y cumplimiento de los derechos humanos en favor de los intereses empresariales, señala el informe de 164 cuartillas.

Además, resalta que en muchos casos se observa un patrón de conducta donde la fuerza pública es utilizada para reprimir a las comunidades que se oponen a diferentes proyectos empresariales o para proteger la maquinaria de dichas empresas, en vez de a la ciudadanía.

Debido a la gravedad de las acciones, durante las visitas regionales del grupo –estarán en Ciudad de México, Oaxaca, Sonora y estado de México–, la sociedad civil y comunidades afectadas le darán a conocer los impactos de las empresas vinculadas a estas violaciones.

Debido a los impactos negativos y por sugerencia de la sociedad civil, el Grupo de Trabajo de la ONU se reunirá con los grupos empresariales México, Higa, BAL, Bimbo, Goldcorp, TransCanada, Eólica del Sur y Cemex, así como con las Empresas Productivas del Estado: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Entre las organizaciones que respaldan el informe están la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, el Centro Pro de Derechos Humanos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace México, Fundar, Oxfam México y Serapaz.