El gobierno tiene la obligación de contar con estadísticas veraces e históricas sobre pobreza, como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) deben adoptar medidas para garantizar la comparación de cifras en las mediciones próximas, manifestó el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.

En una opinión sobre el debate que se generó a partir del 15 de julio, cuando el Inegi presentó los resultados del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, con los cuales el Coneval haría la medición de la pobreza de ese año y presentaría los datos respectivos a escala municipal, el observatorio explicó que el cambio fundamental se dio en el Manual del entrevistador del instituto.

De acuerdo con el Inegi, dicha modificación se llevó a cabo para perfeccionar los datos sobre captación de ingresos, pero advirtió que los datos no eran comparables con los de años previos.

Según un análisis del observatorio que revisó el diseño de la muestra, en los cuestionarios y en dicho manual se encontraron cambios en la metodología para la captación de la información al efectuar la entrevista.

El observatorio explicó que para obtener resultados que reflejaran los ingresos para vivir de los interrogados, a los encuestadores se les advirtió que debían regresar a la vivienda para levantar la información, hacer sondeos y preguntas adicionales, con el fin de identificar con qué se sostienen los hogares.

En el manual se planteó a los entrevistadores que constataran que los trabajadores independientes reportaran gastos congruentes con la actividad económica mencionada y que si detectaban inconsistencias volvieran a la casa. Se les solicitó que verificaran los montos registrados por concepto de ventas o ganancias, que fueran acordes con los gastos del negocio y suficientes para mantener los gastos y servicios básicos de los hogares.

Incluso, se les indicó que en caso de que después de regresar a los hogares se mantuvieran datos de venta muy bajos, es decir, no fueran suficientes para cubrir los gastos del negocio o para solventar los del hogar, deberían solicitar justificantes que corroboraran la manera de satisfacer sus necesidades.

A los entrevistadores les prohibieron cuestionarios que no reportaran los ingresos correspondientes de acuerdo con la condición de actividad reportada o la posición de la ocupación realizada por el integrante del hogar. Tampoco uno que no tuviera observaciones sobre la justificación respecto de la situación económica del hogar.