Durante los tres sexenios que abarcan del año 2000 a la fecha, enmarcados por una creciente participación del Ejército en el combate al crimen organizado, las bajas que ha tenido esta institución en diversos enfentamientos con grupos delictivos incluyen 14 mandos, 204 oficiales, un cadete y 499 soldados rasos, de acuerdo con la información de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La tendencia creciente alcanzó el nivel más alto en los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, que decretó como estrategia la administración de Felipe Calderón, periodo en el que las fuerzas armadas se involucraron de lleno en estas tareas; 2010 fue el año en el que las bajas del Ejército alcanzaron el mayor número en enfrentamientos, con 89 integrantes: un mando, 19 oficiales y 69 miembros de tropa.

Sin embargo, también conforme a la información de la Sedena, en los pasados 10 años la correlación de muertos del Ejército y miembros de diversas bandas del crimen organizado alcanza una proporción de 10 a 1 entre delincuentes y militares.

Según los reportes castrenses, entre 2006 y 2016 se reportaron 280 militares fallecidos, en tanto que las organizaciones delincuenciales registraron 2 mil 209 muertos, cifra que se complementa con otros 50 decesos considerados por el sexenio calderonista ‘‘bajas colaterales’’.

Esta desproporción entre fallecimientos se invierte en el caso del personal herido en esos mismos enfrentamientos. Siempre conforme a las cifras de la Sedena, entre 2006 y 2016 el reporte es de 341 ‘‘agresores’’ heridos, frente a mil 315 militares.

En el periodo citado se reporta uno de los casos más emblemáticos de violación a derechos humanos por parte del Ejército, que fue originalmente dado a conocer como un ‘‘enfrentamiento’’ en una bodega en Tlatlaya, estado de México, ocurrido el 30 de junio de 2014.

En la version oficial inicialmente difundida por el gobierno federal y la Procuraduría de Justicia mexiquense, un enfrentamiento con un grupo criminal registrado en la madrugada habría dejado 22 delincuentes ‘‘abatidos’’.

Posteriormente, tras conocer la versión de una sobreviviente, intervino la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuya recomendación concluyó que 15 de los 22 presuntos delincuentes muertos en el ‘‘enfrentamiento’’ en realidad fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, corroborándose además que la escena fue alterada.

Tendencia creciente

Los datos difundidos, a consecuencia de solicitudes de acceso a información, dan cuenta de la tendencia creciente de los fallecimientos de militares entre 2000 y 2016, conforme las estrategias gubernamentales fueron involucrándolos más en tareas de seguridad. Así, mientras en 2004 murieron 8 militares, para 2010, en plena ‘‘guerra’’ calderonista contra el narcotráfico, fueron 89.

Durante el sexenio de Vicente Fox el número de militares fallecidos en enfrentamientos con el crimen organizado sumó 145. En la administración de Felipe Calderón la cifra se ubicó en 359, acentuándose en los últimos tres años: 2010, 89; 2011, 62, y 2012, 73.

Ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto la estrategia de militarizar el combate al crimen organizado se ha mantenido, aunque con un perfil más mediático. En esta administración las bajas castrenses han sido 114.