on apatía del ciudadano en general y mucho interés de militantes y dirigentes políticos, así como de algunos sectores más politizados de la comunidad capitalina, el plazo para comenzar los trabajos de la constituyente de la ciudad corre a gran velocidad hacia el día D
: 15 de septiembre, fecha en que se reunirá la asamblea para recibir de manos del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera el proyecto o propuesta del texto que se pondrá a discusión.
Mancera afirmó que esperará hasta ese día para presentar en sociedad su propuesta, la razón es que el mandato
que recibió así se lo indica. Ciertamente la reforma constitucional que abrió camino al proceso, ya tan avanzado, establece que la entrega formal debe ser en la instalación de la Asamblea Constituyente, pero nada impediría que el o los borradores en los que han trabajado, se abrieran a la discusión pública.
Por cierto, no se trata estrictamente de un mandato, término jurídico que designa un contrato; lo que cumplirá el jefe de Gobierno es una norma constitucional que ordena, no mandata
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Los partidos y fuerzas políticas que tendrán representación en la constituyente están, de forma más abierta o veladamente, cada cual según su estilo, trabajando en sus propios proyectos. Los medios domesticados de comunicación, que son la mayoría, no han participado para nada o muy poco en la difusión del proceso que en forma casi oculta está en camino; esa actitud no ayuda para nada a despertar el interés de los capitalinos ni contribuye al debate en el que todos deberíamos participar.
Los trabajos han sido sigilosos, pero los hombres de poder a veces filtran sus intenciones para medir a la opinión pública. Hay voceros oficiales u oficiosos del sistema y hoy parece que resultaron más eficaces, leales y serviciales de lo que se imaginaron quienes les encargan campañas, difusión de consignas, ataques políticos o rumores; han estado tan ansiosos de demostrar que cumplen con su cometido que en este afán nos han dado algunas pistas de lo que puede esperarse de la propuesta.
Algunos comunicadores representativos del sistema han expresado su opinión de que la nueva constitución no debe de ser un catálogo de buenos deseos ni de promesas, por lo que proponen volver a una redacción parecida a la de la Constitución de 1857, esto significa que quienes toman la decisiones pudieran pensar en mantener solamente los derechos individuales y olvidarse, suprimir o restringir los sociales y colectivos.
Es muy posible, conforme a las propuestas que empiezan a transparentar las intenciones, que el debate en la constituyente se vaya a centrar en dos posturas políticas encontradas, una de las cuales propugna por adelgazar al Estado y engordar a la empresa privada; y la otra propone, no la supresión del capital ni la dictadura del proletariado, sino una organización justa y una mejor distribución de la riqueza, para lo cual se requerirá que el Estado vuelva a ser el rector de la economía. Por supuesto debe ser un Estado democrático y participativo.
La constituyente tendrá que definir por cuál línea política y social irá nuestra capital, pero con lo antidemocrático de su integración sólo se puede esperar una constitución humanista, justa y democrática si el debate interior va acompañado de un seguimiento exterior.
Para despertar el interés será necesario que los debates que tendrán lugar en el edificio de Xiconténcatl pasen en vivo por la radio y la televisión, y que los medios en general rompan la consigna de silencio e informen ampliamente de lo que suceda en el proceso que está a punto de iniciarse.
De ese modo no sólo serán los integrantes de la asamblea, los electos y los designados en forma antidemocrática, quienes definirán que constitución podemos esperar; el pueblo afuera, en los medios, en las redes sociales, en la calle, tiene el derecho y el deber de participar.
