la zaga de los ajustes chilenos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone discutir abiertamente las reformas al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) sólo, en y desde la cancha de las Afore ( Informe semanal de la vocería, 22/8/16). ¡Eso no es discusión! Antes que volver a reformar hay, primero, que evaluar integralmente ese SAR.

Después de 19 años, el desempeño de las cuentas individuales, en cobertura, suficiencia de beneficios y sostenibilidad financiera ha fracasado. La elevada rotación con inestabilidad laboral no garantiza pensiones dignas. El bajo número de cotizaciones inviabiliza alcanzar las semanas mínimas que demanda el sistema. A diciembre 2014, el SAR mostraba que 81 por ciento de aforados habían cotizado menos de 500 semanas. No alcanzarán ni la pensión mínima.

Disponemos de un Código de ética y conducta aprobado por el Colegio Nacional de Actuarios (Conac) y la Asociación Mexicana de Actuarios. Ambos son responsables del proceso de su certificación. Un par de reactivos del examen de certificación corresponden a dicho código.

El código más antiguo (1999) se conforma por artículos, con cinco secciones, alude a derechos humanos y, su quinta sección, trata de los deberes del actuario con la sociedad. El más reciente (2012) muestra sólo tres secciones, no hay referencia a la sociedad, que resulta sustituida por interés público. Lo define como el apego a los principios generales del actual código y a las declaraciones públicas formales que, sobre este término, expida el Conac. Aunque a la fecha no haya pronunciado ninguna. Sólo pide actuar con ética e incluye un apartado de sanciones.

El tema es relevante para el proceder de los actuarios que dictaminan sobre los sistemas pensionarios y, así, influyen sobre el destino de quienes pasarán a retiro.

Es el caso de Francisco Aguirre –de Valuaciones Actuariales– con sus estudios para la Anuies. Su empresa elaboró la propuesta técnica en la que se basó el ajuste el Régimen de Jubilaciones y Pensiones-IMSS (2005) –adjudicándose una felicitación de Vicente Fox–, así como modificaciones a varios regímenes estatales y universitarios. En diciembre 2015 observó que todas las universidades tienen sistemas pensionarios prácticamente quebrados: absorben 30 por ciento de sus recursos.

Como antes con el IMSS y sus estudios catastrofistas elaborados a la ASF, para Aguirre, ahora, el pasivo contingente universitario suma 300 mil millones de pesos. Los jubilados sectoriales representan 13 puntos del PIB. El problema financiero más grave, sostiene, es la deuda oculta a revelar. Incluso, las universidades de Michoacán y Oaxaca tienen problemas más acuciosos porque no han modificado en nada su sistema de pensiones. Hay que imponer, recomienda, tope de edad para la jubilación o crear cuentas individuales –tipo Afore– para que aporten los trabajadores.

Entonces, la clave ¿está en la modificación pensionaria? Pero, ¿con qué orientación? Con la de ¿recomendar actuarialmente la opción de las cuentas individuales del SAR y, simultáneamente, evitar referirse a su desempeño durante 19 años? Misma que ha probado su incapacidad para enfrentar el desafío pensionario.

En abril de 2016 (Semana de la Seguridad Social, Senado de la República) Aguirre propuso modificar la Constitución para dar origen a una ley marco nacional de pensiones. Exactamente lo mismo que propone la Consar-Hacienda: los esquemas de pensiones no reformados en estados y universidades representan un riesgo para las finanzas estatales y federales, por lo que se requieren reformas para establecer criterios homogéneos que permitan transitar gradualmente a un solo sistema de carácter nacional que permita la portabilidad y elevar la cobertura ( El reto de la cobertura pensionaria, 2016). ¿Un sistema-ley nacional basado en las cuentas individuales que ya fracasaron? ¿Cómo se ajusta Aguirre a su código profesional?

Dígase lo mismo de las propuestas del presidente del Conac, Carlos Lozano, dedicado a los regímenes de pensiones privados. Sin ocuparse del desempeño del SAR, pero convencido de que lo actual no garantiza pensión digna, propone que se incrementen las aportaciones. Pero no a una cuenta individual: sino a un programa de pensiones mínimas, donde cada persona aporte 25 por ciento, los empresarios colaboren con otra parte proporcional (20-25 por ciento) del mismo modo que el Estado (20-25 por ciento). Así se alcanzarían pensiones dignas de 60-75 por ciento. ¿Cómo así? Lozano estima que con la reforma-SAR el ahorro subió, pero no alcanza. ¿A quién?

Además a él se atribuyen controversiales estudios pensionarios para Costa Rica, donde existe información del dominio público que evidencia el desacuerdo de todas las autoridades con las conclusiones alcanzadas después de la valuación actuarial del fondo de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual realizó su despacho en 2008. ¿Cómo se ajusta –sin problematizar el SAR– el presidente del Conac a su código profesional?

El código 2012 obliga a actuar con ética, con énfasis en la honestidad, integridad, imparcialidad y prudencia. Los trabajadores cercanos al retiro, así como activos y de nuevo ingreso, aguardan actuarios profesionales a la altura de su responsabilidad e interés público. Ello supone defender su profesión de las jugosas bolsas e intereses de quienes militan por preservar, a toda costa, los 19 años del fallido desempeño del SAR. Para planes públicos, la Organización Internacional del Trabajo podría ser convocada a la tarea.

La discusión presuntamente abierta por la SHCP no lo es. Sólo busca conducir, no abrir. La sordera institucional ya costó 19 años. Pero costará aún más. Una propuesta alternativa viable sólo puede empezar evaluando la reforma-SAR.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco