atanizar al gobierno municipal de Acapulco por el hecho de haber acordado solicitar un préstamo es correr el riesgo de caer en el extremo.

Si la administración tiene una deuda, es heredada, y quien la pidió no la cubrió; sin embargo, a la actual gestión la están cuestionando aun sin haber obtenido los recursos.

Aquí la cuestión es exigir que el ayuntamiento se apegue a la ley. Los regidores y el primer edil han presentado argumentos legales para demostrar que así lo hicieron.

Como ejercicio de libre expresión, es respetable y hasta necesario. La interpretación política es asunto aparte.

Pareciera que el gobierno estatal no ha perdonado que el alcalde Evodio Velázquez Aguirre haya pedido en la ciudad de México que se revisaran las estrategias de seguridad, porque las actuales no han dado resultado.

Sobre el crédito solicitado por el municipio de Acapulco, sin tener injerencia en el asunto, el titular de Finanzas estatal, Héctor Apreza Patrón, deslizó que da la impresión de que la autorización del cabildo para que el ayuntamiento de Acapulco contrate una línea de crédito hasta por 158 millones de pesos viola la Constitución y las leyes de Coordinación Fiscal y de Disciplina Financiera.

Luego, el Congreso local exhortó al ayuntamiento a dejar sin efecto el crédito hasta que quede debidamente motivado y cumpla los requisitos legales.

Si el Congreso ya comprobó que el municipio no cumplió con los requisitos, no debe exhortar, sino exigir, que se suspenda el crédito; en tanto, el secretario de Finanzas debería informarse bien para hablar con apego a la ley y no basarse en impresiones, que reflejan mala fe en sustitución de argumentos jurídicos.

Si la alcaldía porteña trastabilló creyendo que actuaba con apego a la ley y resulta que no fue así, deberá rectificar, pero si está en lo correcto, el gobierno del estado y el Congreso deberán apoyarlo en vez de pretender arrojarlo a la hoguera.