as buenas conciencias deberían estar escandalizadas. Las que han denunciado una y otra vez los bloqueos carreteros de los maestros y las comunidades; las que todos los días se rasgan las vestiduras en desplegados y en declaraciones mediáticas. Ellas, tan preocupadas por la correcta marcha de la economía del país –así sea de la que favorece sólo a unos cuantos–, deberían usar su dedo flamígero para condenar el bloqueo del gobierno de Enrique Peña Nieto a la producción nacional de alimentos. Nunca lo harán, como nunca van a formar una organización que se llame comer primero para fustigar las políticas destructoras de nuestra agricultura.

El lunes pasado hubo dos fuertes movilizaciones, una en la Ciudad de México, otra en la ciudad de Chihuahua, de indignados productores agropecuarios en demanda de que el gobierno de Peña Nieto les pague multimillonarios adeudos y cumpla compromisos firmados y publicados.

En la capital del país, representantes del sistema producto maíz de 22 estados se plantaron ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para exigir que la dependencia les pague 3 mil millones de pesos, adeudados por concepto del ingreso objetivo de 2014 y 2015; que se incremente el monto del ingreso objetivo para 2016, y que se suspenda la importación de la gramínea, que llega hasta 11 millones de toneladas anuales.

El mismo lunes, luego de ocho meses de espera, hartos de mentiras e incumplimientos, productores chihuahuenses de El Barzón, UCD y Agrodinámica Nacional tomaron simultáneamente las delegaciones y oficinas de la Sagarpa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la capital del estado. En diciembre de 2015, gracias a sus enjundiosas movilizaciones, lograron arrancarle al gobierno federal una serie de acuerdos fundamentales para seguir siendo viables en sus actividades productivas. Los relatamos en estas mismas páginas: http://bit.ly/2bn54bs. Ninguno de estos acuerdos ha sido cumplido:

La Sagarpa no ha pagado el apoyo a la comercialización de maíz y algodón del ciclo 2015 y, transcurrida más de la mitad del ciclo agrícola 2016, no garantiza el recurso a los productores, generándoles múltiples problemas con el financiamiento de la siembra actual. Aún no se cubren en su totalidad los apoyos de Procampo ni los de Progan.

Las autoridades federales no han cumplido tampoco su compromiso de rebajar el precio del diésel agropecuario. Pemex lo sigue encareciendo, a pesar de que desde diciembre de 2015 cada mes publica el precio de estímulo al energético. Ahora, en lugar de comprarlo a 8.60 el litro, lo adquiere en 14 pesos.

La CFE se comprometió a restructurar los adeudos de los productores y a publicar durante los primeros meses del año la reducción de las tarifas eléctricas para el bombeo de agua del subsuelo, ajustándolas al precio internacional del petróleo, que se ha mantenido a la baja. También se comprometió a incluir en la tarifa eléctrica de estímulo a la red de frío de los productos del campo, como los frigoríficos, los sistemas de enfriamiento de la leche y los empaques de las cosechas.

Lejos de cumplir, la CFE ha recrudecido la problemática: transfirió la cobranza del consumo de energía eléctrica a despachos privados, que atosigan y amedrentan a las familias campesinas con amenazas de embargo a sus propiedades. No se han reducido las tarifas eléctricas para el uso agrícola, lo cual afecta a más de 17 mil 500 pozos, con los que se siembran más de 460 mil hectáreas. Tampoco se han incorporado los frigoríficos ni las seleccionadoras y empaques de productos del campo en la tarifa preferencial de uso agrícola. Por el contrario, se han incrementado los costos.

El gobierno federal acordó también atender la problemática de la comercialización de la leche, al incrementar el volumen de compra de leche fresca a los ganaderos para regular el precio del lácteo y ordenar el mercado. Sin embargo, Liconsa disminuyó 30 por ciento el volumen de sus compras, lo que significa que los lecheros chihuahuenses no tienen dónde comercializar ahora más de 100 millones de litros y han tenido que derramarla en las calles. El gobierno prefiere seguir comprando leche en polvo al extranjero.

Algo parecido sucede con la manzana: la Secretaría de Economía no ha aceptado la demanda de los productores locales de no quitar aranceles a la fruta estadunidense, importada a precio dumping.

Tampoco la Conagua ha cumplido la exigencia de los productores de realizar un ordenamiento sustentable del agua, ante las graves denuncias por uso ilegal del líquido en diferentes regiones agrícolas de Chihuahua y de los conflictos que causa la apertura indiscriminada de nuevos pozos, a pesar del decreto de veda publicado desde abril de 2013 por el Presidente. Conagua carece de recursos para atender los distritos y unidades de riego para llevar a cabo el uso eficiente del agua y la energía.

Todo esto se complica ante la ausencia del gobierno del estado, que al cierre de la administración actual ha permanecido en la inmovilidad total, abandonando a su suerte a los campesinos chihuahuenses.

Así como en Chihuahua, sucede en todo México. Las políticas del gobierno de Peña Nieto y sus gobernadores afines están bloqueando sistemáticamente el desarrollo de la agricultura nacional. Bloquean la comercialización de alimentos producidos localmente y abren las fronteras a alimentos importados. Sube el dólar y baja el precio del petróleo; pero aun así, bajan el pago por las cosechas nacionales y aumentan los energéticos. Bloquean la entrega oportuna de apoyos y subsidios. Impiden la solución de la grave problemática del agua para riego agrícola y el uso eficiente de la misma.

Hay bloqueos como el último recurso para solucionar una problemática; hay bloqueos como práctica ordinaria para reventar a importantes sectores del país, como el agropecuario. Estos son los de Peña. Estos sí son bloqueos, no ...