La Secretaría de Gobernación (SG) tomó el caso Morelos y prometió reunirse de nueva cuenta el martes próximo con los opositores al gobernador Graco Ramírez, quienes exigen la destitución del mandatario. En caso de que no se atienda su solicitud, el movimiento se radicalizará, advirtieron.

La demanda de ahora es muy clara: sale Graco porque ya no es posible su permanencia; nos ha ofendido a todos. Pedimos juicio político y un gobierno de conciliación; de lo contrario no habrá condiciones y entonces sí estarían obligando a la radicalización de la sociedad y a grupos que ya no vamos a poder contener, dijo Javier Sicilia, vocero del Frente Amplio Morelense (FAM).

El poeta Sicilia es uno de los integrantes de la comisión de dirigentes sociales e integrantes de grupos civiles que se reunieron este miércoles con el subsecretario de Gobierno de la SG, Luis Enrique Miranda. También estuvieron Gerardo Becerra, de la coordinadora morelense de movimientos ciudadanos, y líderes de transportistas de la entidad, encabezados por Dagoberto Rivera, así como Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata.

Senadores del PRD se unen a la protesta

En el encuentro, que se prolongó más de dos horas, participaron los senadores Rabindranath Salazar y Fidel Demédecis. Ambos llegaron al Poder Legislativo bajo las siglas del PRD, el partido del gobernador morelense, aunque es evidente su posición distinta a la emitida por la dirigencia perredista, la cual propuso diálogo entre las partes en conflicto.

Urge llamar a la reconciliación, dijo la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, al término de la sesión del consejo consultivo de este partido, a la cual asistió Graco Ramírez. Sin embargo, los inconformes no quieren diálogo, sino la destitución del mandatario.

Salazar y Demédicis promoverán, apenas se inicie el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, en septiembre próximo, el juicio político contra Graco Ramírez, quien el martes pasado afirmó hay una confabulación y ataque político en su contra orquestado por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, y el rector de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), Alejandro Vera. El primero, aseveró, incurre en violación a la ley por llamar a transgredir la norma que permite en esta entidad el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el académico es opositor para evadir su responsabilidad en el desvío de 440 millones de pesos en esa casa de estudios.

Al respecto, Sicilia dijo: ahí están las fosas de Tetelcingo, crímenes de los que Graco es responsable directo porque es el gobernador; ahí estaban enterradas personas que ya estaban siendo buscadas (como desaparecidas). Por tanto, las declaraciones del gobernador son una cortina de humo, una estupidez; a ese nivel reduce la realidad del estado... es un cochinero.

En Cuernavaca se informó ayer mismo que al menos dos personas reportadas como desaparecidas fueron halladas entre los 117 cuerpos exhumados en las fosas de Tetelcingo, de los cuales 84 correspondieron a muertes violentas y cuatro presentan impacto de bala en el cráneo, informó el rector de la UAEM.

Por lo pronto, los miembros del FAM entregaron a Miranda un informe sobre las fosas de Tetelcingo. Esos son los temas. Si hubiera gobernabilidad en el estado, para qué andaríamos aquí; pero ese gobernador nos ha ofendido a todos... ¿A poco la Iglesia o la universidad iban a poder ponernos aquí (en la protesta) a todos? Son muchos agravios a la sociedad en general.

En Gobernación no se van a procesar los temas, sino la salida de Graco Ramírez y la creación de un gobierno de conciliación; por eso vamos a venir aquí el martes con pruebas muy precisas de violaciones a los derechos humanos, dijo Sicilia.

Los grupos sociales promueven también un plebiscito para que los ciudadanos expresen su opinión acerca del tema, aun cuando los resultados de una consulta como esa no tendrían carácter vinculante (de acatamiento obligatorio), pero sí sería una prueba, dijeron, del repudio de la sociedad morelense hacia Ramírez.

La comitiva de unos 30 líderes llegó a Gobernación al mediodía, mientras que el grueso del contingente, más de 100 camiones del transporte público y unos 50 automóviles particulares, se quedó a la entrada de la capital.