El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó un amparo contra cualquier orden privativa de libertad, aunque el objetivo de la demanda de garantías es que los abogados del político priísta obtengan información oficial ante la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera o la Procuraduría Fiscal de la Federación se hubieran querellado en contra del mandatario estatal, y para saber si la Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado alguna orden de aprehensión en su contra, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

La demanda de amparo es del conocimiento del juez segundo de distrito de Xalapa, Alejandro Quijano, quien por ahora otorgó una suspensión provisional contra cualquier orden que afecte la libertad de Duarte de Ochoa.

El mismo juez otorgó también suspensiones de amparo a los ex secretarios de Finanzas de Veracruz Salvador Manzur Díaz y Tomás Ruiz González, así como a Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del Trabajo, y José Francisco Díaz Valenzuela, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación estatal, quienes al igual que Duarte pidieron el amparo de la justicia federal.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, informó en una entrevista radiofónica que la instancia recaudadora de impuestos inició auditorías fiscales a cinco gobernadores, entre ellos a Javier Duarte, y contra cinco funcionarios más del gobierno estatal vinculados al caso de 34 empresas fantasmas.

Núñez precisó que la auditoría a Duarte de Ochoa se realiza con base en una denuncia realizada por el gobernador electo en Veracruz, Miguel Ángel Yunes, el pasado 6 de junio, por actos que pudieran representar una irregularidad fiscal.

Aclaró que se trata de actos de autoridad para los que la dependencia está facultada y aunque explicó que entre los investigados se encuentran cinco gobernadores, no precisó sus nombres, salvo el de Javier Duarte.

A decir de fuentes gubernamentales, la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT tienen detectadas algunas discrepancias fiscales en la evolución patrimonial del gobernador Duarte, lo que puede derivar en la posible comisión de los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

Además, la PGR tiene abierta desde el año 2012 una averiguación previa por el delito de lavado de activos, luego de que el 27 de enero de ese año la dependencia aseguró 25 millones de pesos en efectivo a dos empleados del gobierno de Veracruz, al aterrizar en el aeropuerto de Toluca. El dinero era de una partida de la Secretaría de Finanzas, entonces a cargo de Tomás Ruiz.

En aquel entonces se dio a conocer que la disposición de dinero líquido requería el visto bueno del subdirector de Operaciones Financieras, cargo que desempeñaba Díaz Valenzuela. De manera reciente, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, presentó denuncias penales en la PGR contra Javier Duarte y contra José Antonio Mansur Beltrán, quien es delegado federal de la Secretaría de Economía en la entidad y dueño de por lo menos 14 inmuebles en Woodlands, exclusivo suburbio a las afueras de Houston, Texas.

La acusación por presunto lavado de dinero establece que Mansur es uno de los principales prestanombres de Duarte, de quien fue subsecretario de Ingresos de 2010 a 2012. En Woodlands también compró propiedades Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, quien renunció a su cargo para comprobar la legalidad de esas adquisiciones millonarias. Otra persona señalada es Moisés Mansur Cysneiros, socio de Inmobiliaria Cartujano.

La PGR investiga si los supuestos prestanombres del gobernador veracruzano han facilitado el desvío de recursos públicos, tanto federales como estatales, para la compra de inmuebles en México y Estados Unidos.