os meses después de efectuadas las elecciones del 26 de junio y a ocho de los infructuosos comicios anteriores (20 de diciembre de 2015), cuyos resultados hicieron imposible la conformación de un nuevo gobierno, el escenario político español sigue estancado en negociaciones entre facciones partidistas que no logran ponerse de acuerdo para conformar una mayoría parlamentaria mínimamente estable.

El escollo más reciente es el desacuerdo entre el presidente en funciones, Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP, en el gobierno), y el líder de la formación neoderechista Ciudadanos, Albert Rivera, principalmente en torno a la laxitud de un pacto anticorrupción que había sido exigido por el segundo y que en el curso de las pláticas ha ido perdiendo relevancia. Rivera ha terminado por aceptar que se circunscriba la definición de corrupción política a enriquecimiento personal y financiación ilegal, dejando fuera los casos de tráfico de influencias, conflictos de intereses y otros. Aun con esa concesión a la opacidad, un posible acuerdo entre el PP y Ciudadanos enfrenta escollos como las diferentes concepciones presupuestales y el alcance y ubicación de los recortes exigidos por Bruselas, y un plan de reformas para los poderes Legislativo y Judicial.

Pero incluso si el presidente en funciones lograra convencer a su posible aliado menor, no sumaría los votos necesarios para conformar una mayoría, y ni siquiera la certeza de una abstención de sus opositores que hiciera posible su investidura. El empantanamiento en que se encuentra Rajoy lo ha llevado incluso a tratar de comenzar negociaciones con adversarios históricos, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Coalición Canaria, para lograr al menos que se abstengan de votar en su contra.

A diferencia del interregno entre los comicios del año pasado y los del actual, cuando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pudo –y no quiso– intentar la formación de un gabinete de centroizquierda en alianza con Podemos y con las pequeñas bancadas regionalistas, actualmente el presidente nacional de los socialistas, Pedro Sánchez, ha inhabilitado a su propio partido como opción de gobierno al señalar que debe permanecer en la oposición. Por su parte, la coalición Unidos Podemos perdió en las segundas elecciones el protagonismo que había tenido tras las primeras en las negociaciones para la conformación de un gobierno y se mantiene, al igual que el PSOE, a la expectativa, y sin más horizonte que votar en el Congreso de los Diputados en contra de una nueva investidura de Rajoy.

La clase política española tiene, para mayor dificultad, la presión de aprobar los presupuestos del año próximo y la necesidad de evitar unos terceros comicios, y no es seguro que logre ninguno de esos objetivos.

Como ya se ha señalado en este mismo espacio, no bastan el egoísmo, el pragmatismo o el sectarismo de los representantes electos por la sociedad para explicar la crisis en la que se encuentran sumidas las instancias del poder público en Madrid; todo parece indicar que es el diseño institucional mismo el que ha llegado a un límite y que la configuración del Estado que se pactó tras el fin de la dictadura franquista no da para más.