Es urgente reformar la Ley General de Víctimas, a fin de plasmar mejores condiciones de atención a los que resultan afectados por delitos o violaciones a sus derechos, apuntó el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón.

La CEAV firmó ayer un convenio con la Secretaría de la Función Pública para garantizar la protección de los derechos de las personas que son víctimas de delitos.

Rochín señaló que hay voluntad del gobierno federal y del Congreso para cambiar dicha ley y facilitar el acceso a la justicia y apoyos para los que son afectados por esos delitos.

Esto es porque, por ejemplo, en el caso de desapariciones los procesos son largos y a veces interminables para que haya una sentencia, y mientras los juicios siguen abiertos no se puede otorgar indemnizaciones a los afectados. Indicó que es preciso reformar la ley, ya que hay urgencia de que las respuestas y apoyos a las víctimas sean más eficaces y eficientes.

Por la SFP firmó el acuerdo el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contratación Públicas y encargado del despacho, Javier Vargas Zempoaltecatl, quien expuso que el convenio permitirá capacitar a los servidores públicos, para que conozcan los protocolos y lineamientos de atención a las personas que sufren el flagelo de la delincuencia.