El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, expresaron que en las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no se caerá en provocaciones y sólo se ejercerá la ley, pero sin llegar a la confrontación.

‘‘No vamos a propiciar violencia y seguiremos trabajando para dar vialidad y movilidad a la ciudad’’, dijo Mancera en una entrevista en la Cámara de Diputados. Más temprano, al encabezar la ceremonia de regreso a clases en la Ciudad de México, comentó que de las 4 mil 200 escuelas de educación básica, sólo 11 se declararon en paro, mientras otras 30 se encuentran en paro activo.

Según la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, más de un millón 660 mil alumnos de educación básica regresaron a clases, mientras 5 mil 504 no pudieron hacerlo por el paro de 11 planteles, de los cuales cuatro están en la delegación Tlalpan, el mismo número de Milpa Alta, y otros tres en Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

A su vez, el gobernador Silvano Aureoles indicó que en Michoacán se respeta el derecho a la protesta pacífica y a la libre expresión de las ideas, pero habrá ‘‘cero tolerancia con los actos delincuenciales’’. Respecto del cierre de escuelas en esa entidad, expuso que la petición general de los padres de familia es para que los maestros levanten el plantón y regresen a clases, dijo en entrevista en la Cámara de Diputados.

En el Senado, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa, señaló que el gobierno federal tendría que aceptar la necesidad de modificar la Ley General de Educación para avanzar en la solución del conflicto con la CNTE.

El diálogo con los docentes sólo será posible de esta forma y no con posiciones que cierran toda posibilidad de encuentro y solución. ‘‘El diálogo no debe agotarse nunca’’, dijo en referencia a las declaraciones que ayer hizo el presidente Enrique Peña Nieto sobre el tema.

El legislador también criticó a la coordinadora que ‘‘se planta en su posición de abrogar la reforma educativa’’ y sobre esa base entablar el diálogo con el gobierno. Lo cierto –indicó– es que no es posible pensar en que la ley se quede como está.

Por ello, dijo, los senadores del PRD entregaron ayer por la tarde a representantes de la CNTE una propuesta de reforma legal –que no es abrogación de la reforma educativa– con la finalidad de que los profesores disidentes la revisen y, si están de acuerdo, la suscriban y promuevan como una iniciativa ciudadana. En ese caso se tendrían que recabar firmas para luego presentarla al Congreso.

Es la propuesta que desde el Legislativo se plantea como alternativa de solución al conflicto, que lleva más de tres meses y que ayer impidió el inicio del ciclo escolar en planteles de Chiapas y Oaxaca, fundamentalmente, de acuerdo con información oficial.

Por separado, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam), Agustín Rodríguez, dijo que el conflicto magisterial ya llegó a una etapa en la que el mismo gobierno y el Congreso de la Unión deben considerar la revisión de la reforma educativa y cambiar los lineamientos que están causando controversia.

Consideró que ‘‘el autoritarismo con el que está actuando el secretario de Educación, Aurelio Nuño, no le hace bien a nadie; por el contrario, abona al conflicto’’ y éste puede seguir creciendo, porque para el magisterio está claro de que no se llevó a cabo una reforma educativa, sino administrativa.