Campesinos afiliados a distintas organizaciones ocuparon la mañana de ayer oficinas de cinco delegaciones de dependencias federales en la capital de Chihuahua para exigir a la Federación el pago de subsidios agrícolas pendientes, que suman 2 mil millones de pesos, y reduzca el precio de los energéticos utilizados en el campo.

Integrantes de El Barzón, Agrodinámica Nacional, Unión Campesina Democrática y del Movimiento Magisterial Resissste se apoderaron de las oficinas de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Desarrollo Social (Sedesol), de las comisiones Federal de Electricidad (CFE) y Nacional del Agua (Conagua), y de Liconsa.

A las 8 horas, unos 600 pequeños productores llegaron a los edificios, donde reclamaron el apoyo para el campo correspondiente a este año.

Martín Solís, líder de El Barzón, precisó que desde enero la Federación ha estado publicando el subsidio al diésel para labores agrícolas y pecuarias, pero no ha se ha hecho efectivo, pues a los productores de Chihuahua les tendrían que haber depositado fondos para obtener 80 millones de litros de combustible a un precio de 8.60 pesos, pero lo siguen pagando a 14 pesos por litro.

Sagarpa y la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) también adeudan 800 millones de pesos de apoyos para la comercialización de maíz, frijol, sorgo, algodón y trigo correspondientes a la cosecha de 2015, lo que, aunado a los altos costos de los fertilizantes y otros insumos, ha dejado a numerosos productores en quiebra, dijeron.

La CFE, afirmaron, no ha ajustado sus tarifas para el agro a precios internacionales (de 28 a 30 centavos por kilovatio/hora) y sigue cobrando 52 centavos.

Los productores de leche reprocharon a Liconsa el recorte de compras. Heraclio Rodríguez, dirigente barzonista, dijo que Liconsa redujo la comercialización por irregularidades en el manejo del presupuesto, y dio preferencia a la importación de leche en polvo de trasnacionales.

Asimismo denunciaron que el gobierno estatal ha dejado de pagar más de 70 millones de pesos de aportaciones paritarias a programas federales, entre ellos los de sanidad vegetal y mejoramiento de sistemas hidroagrícolas.