El presupuesto para el campo requiere un viraje, no sólo en términos de más inversión, sino en los programas que aplica el gobierno en el sector, coincidieron organizaciones campesinas. Sin precisar montos, señalaron que tampoco es un tema exclusivamente de dinero, sino de calidad: que se deje de privilegiar al empresario y que 90 por ciento del presupuesto al sector esté orientado a apoyar a 90 por ciento de la población rural.

Sobre la propuesta que aún está elaborando el movimiento El Campo es de Todos, dirigentes que la integran, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAÍZ), Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss) y la Central Campesina Cardenista (CCC), indicaron que en ésta se planteará también una iniciativa de ley sobre la consulta indígena y que el gobierno realice una consulta a la ciudadanía sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP).

Vamos a elaborar un proyecto de presupuesto alternativo para el campo y claro que tiene que tener una reorientación total, dijo José Narro Céspedes, de la CNPA. Criticó que actualmente el dinero se destine a muchos programas como Arráigate, Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), pues éstos llevan a una dispersión del recurso que no logra ningún resultado.

Al respecto, Javier López, de Unimoss, señaló que su demanda es que el presupuesto dé un valor estratégico al desarrollo productivo en el campo y se reorienten los programas, no se requiere más dinero, se requiere invertirlo bien.

En este sentido, Max Correa, de la CCC, dijo que la calidad con que el gobierno aplica los recursos es privilegiando a la gran empresa, y a la agricultura familiar, minifundista, se le abandona.

Por su parte, Alejandro Cruz, del MAÍZ, recalcó que para el presupuesto del próximo año no esperan nada del Presidente ni de los diputados, pues han aprobado reformas que perjudican al campo, ya los males están hechos y ellos nada más están impulsando que se cumplan. Sin embargo, dijo, esperan que en la propuesta que presenten se incluya la soberanía alimentaria.

Las organizaciones campesinas coincidieron en que el sector está molesto e indignado en contra de este gobierno y de los anteriores, que han llevado a la exclusión, la marginación y el empobrecimiento a la población rural del país.

De hecho, el sector campesino nunca ha estado contento. Este permanente disgusto ha sido siempre, nos han tenido olvidados, dijo Alejandro Cruz.

Sobre la iniciativa de consultas, Narro Céspedes aseguró que el gobierno no puede imponer una legislación por encima de la soberanía nacional con las reglas del ATP, que principalmente favorecen a los grandes monopolios.