Buenos Aires.

En un ambiente tenso por amenazas y la colocación de una granada frente al domicilio de una juez que había frenado el tarifazo, la procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, confirmó la sentencia de la Cámara Federal (tribunal) de La Plata que anuló los fuertes incrementos en las tarifas de servicios públicos básicos dispuestos por el Ministerio de Energía, desconociendo las fuertes presiones gubernamentales.

La funcionaria consideró que no se había cumplido con el artículo 2 de la Constitución, que establece que antes de una decisión de este tipo debe realizarse una audiencia pública, lo que no acepta el gobierno del presidente, el derechista Mauricio Macri.

Sobre este dictamen deberá expedirse la Suprema Corte, evidentemente presionada por el gobierno y los medios de comunicación afines al mismo.

La procuradora reconoció la facultad que tiene el Ejecutivo para tomar decisiones en materia de tarifas, pero afirmó que éstas deben respetar los límites legales y sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales reconocidos a usuarios y consumidores.

En su fallo requiere a la Corte Suprema de Justicia que rechace el recurso extraordinario presentado por el Estado a través del Ministerio de Energía y Minería, en el entendido de que el presente caso pone en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución.

En tanto, Martina Forns, juez federal de San Martín, quien emitió un amparo contra el tarifazo el mes pasado en el servicio de luz, pidió bajar los decibeles después del hallazgo de una granada de mano en un contenedor, a unos metros de su casa. También relató que hubo elementos amenazantes a partir de su fallo y llamados de algunos periodistas muy malintencionados para hacerme caer en una agresión.

Recordó que ayer, durante la comparecencia de Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería, para tratar de justificar el tarifazo ante comisiones de diputados, aduciendo sólo cuestiones técnicas y responsabilizando –como es costumbre– al gobierno anterior, del peronista Frente para la Victoria (FpV), nombró a la juez Forns de manera crítica. Ella analizó que ese gesto se dio en una situación muy direccionada hacia mí y hacia el fallo.

También advirtió que su razonamiento de fallar contra el aumento a las tarifas no va a cambiar; si no les gustó mi fallo, lo lamento. Pero los ataques son desmedidos, y exigió una investigación a fondo sobre estos hechos.

Este miércoles el presidente Macri viajó a Mendoza, donde se dijo que se recibió una extraña llamada de amenaza contra el mandatario, y se detuvo al hombre que hizo el llamado desde su casa y que estaba en estos momentos en un estudio siquiátrico. Lo cierto es que Macri estuvo en el acto rodeado de seguridad, mientras a distancia vecinos que protestaban –como en todos los actos– ante la grave situación social hicieron volar globos negros, en alusión evidente a los globos amarillos que utiliza la derechista alianza gobernante Cambiemos.

En este ambiente caldeado, varios gremios de los tantos que están en conflicto por los despidos y suspensiones, el tarifazo, la inflación y los salarios a la baja, denunciaron amenazas de patotas (pandillas) a sus dirigencias, que consideraron un grave antecedente, que lleva a recordar oscuros tiempos en el país.

Por su parte, Eduardo Wado de Pedro, diputado nacional del FpV, acusó a los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques de montar una operación escandalosa contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “El mismo día que el ministro Aranguren viene al Congreso a explicar el tarifazo, el Partido Judicial –como se llama aquí al grupo de jueces aliados al gobierno derechista, que actuaban desde antes abriendo causas contra la ex mandataria y y sus funcionarios– está persiguiendo a Fernández de Kirchner”.

De Pedro se refirió a la nueva causa –entre decenas que se abren todos los días contra la ex mandataria– en la que ambos jueces piden la indagatoria de la misma: Pollicita y Mahiques prestan sus servicios a Macri y son funcionales a esa estrategia y advirtió que cuando se gobierna en contra de la gente, necesitan callar a sus dirigentes. Pero no lo van a conseguir con Cristina.